La Xunta descarta negociar con Cambre el trazado para la vía ártabra que demandan el Concello y los vecinos del municipio, con el entronque en Catro Camiños en lugar de en A Gándara, y culpa al Ayuntamiento del “importante retraso” que, avanza, se producirá en las obras “por su ofensiva judicial”, sin concretar más efectos de las sentencias que han dado la razón a la Administración cambresa y han anulado el proyecto de trazado, primero, y a continuación el constructivo, en el trecho entre la Nacional-VI y la autopista AP-9. La Consellería de Infraestruturas e Movilidade achaca de nuevo al Gobierno autonómico bipartito el origen de los fallos judiciales, a pesar de que las dos irregularidades procedimentales que sustentan la última sentencia se produjeron entre 2018 y 2019, con el PP en el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno gallego desecha el ofrecimiento de Cambre de dialogar para consensuar un trazado. Argumenta que “las sentencias cuestionan el procedimiento pero no la decisión técnica sobre el trazado”. Descarta “que sea posible alcanzar respaldo técnico” al entronque en Catro Camiños “por ser más perjudicial para la seguridad vial, por ser físicamente inviable y por ser completamente contraria al criterio del Ministerio de Transportes, que debe autorizarla”. “A pesar de dificultar el desarrollo de las obras, el Concello de Cambre no consigue el objetivo perseguido con sus acciones judiciales, lograr que el punto de entronque entre la vía ártabra y la AP-9 se sitúe en Catro Camiños”, asevera.
“La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade lamenta el perjuicio para la seguridad vial, para la competitividad y para la vertebración de la comarca de A Coruña causado por la ofensiva judicial emprendida por el Concello de Cambre sobre cada uno de los trámites realizados para el desarrollo de esta infraestructura fundamental”, manifestó el departamento autonómico y eludió asumir responsabilidades sobre las irregularidades que han motivado las sentencias, incluso a pesar de que la última, sobre el constructivo, se fundamenta en dos incumplimientos que se produjeron entre 2018 y 2019: una “infracción del procedimiento establecido” fue aprobar el expediente de información pública y el proyecto de construcción, en diciembre de 2018, antes que el informe de respuesta a las alegaciones, que recibió luz verde en enero de 2019. El otro, no constar informe del servicio jurídico.
Añade que los fallos “son consecuencia de las decisiones adoptadas” por el bipartito, pese a que solo la aprobación por órgano no competente, en 2009, fue en su mandato.
