La junta de compensación del sector urbanizable SUD-7 de A Pezoca en la capital municipal ha tenido que presentar un nuevo proyecto de compensación eliminando terrenos que antes incluía dentro del futuro ámbito a desarrollar para levantar 214 viviendas después de que la Xunta le ganase al Concello de Oleiros un recurso contencioso administrativo. Cuando el Ayuntamiento aprobó el primer proyecto de compensación la Xunta presentó alegaciones pero fueron rechazadas por decreto de Alcaldía y después el Ejecutivo gallego acudió a los tribunales. El Juzgado Contencioso-administrativo Número 2 de A Coruña le dio la razón: hay que excluir de este futuro desarrollo varios terrenos que son propiedad del Gobierno autonómico desde que construyó la vía ártabra.
La Xunta expropió algunas fincas (1.535 metros cuadrados) para construir la variante de Oleiros de la vía ártabra y con otros propietarios llegó a un acuerdo, reconocerles aprovechamiento urbanístico a cambio de cederle la tierra. Tanto los terrenos expropiados como los cedidos fueron incluidos dentro del ámbito y la sentencia obliga a excluirlos por ser propiedad de la Xunta.
El Ejecutivo local, tras esta sentencia, ahora ha resuelto mediante decreto proceder a ejecutar este fallo después de que la junta de compensación reformulase el proyecto de compensación para excluir los terrenos y recalcular las cuotas de aprovechamiento, las cuotas de los costes de urbanización y las parcelas de adjudicación. El Ejecutivo de esta forma cumple la sentencia y respeta los derechos urbanísticos reconocidos por Concello y Xunta a los propietarios que cedieron suelo a cambio de aprovechamiento en el ámbito.
Este sector de A Pezoca es donde se construyeron hace años el instituto Miraflores y el colegio A Rabadeira además del centro de salud de A Covada. Para hacer estas dotaciones el Concello les pidió a los propietarios que cediesen anticipadamente sus tierras, acordando la edificabilidad que les correspondería y que tendrán en cuanto se construyan los edificios previstos.
Hubo propietarios que no se sumaron a la junta de compensación por lo que tres fincas fueron expropiadas. El Concello figura como dueño de las fincas donde está el colegio, instituto y centro de salud pero el aprovechamiento le corresponde a los dueños que en su día cedieron los terrenos donde se asientan estas infraestructuras. Todos los propietarios firmaron la conformidad con acta notarial de marzo de 2018. Al Concello le corresponde aprovechamiento en la parcela residencial colectiva de protección además del 10%.
En este sector a desarrollar existen dos viviendas que serán derribadas. Una de ella está habitada por un matrimonio, a los que les han dado una relación de casas y pisos cercanos para comprar o alquilar porque no les pueden dar un futuro piso en el ámbito por no estar construidos (aunque podrían alquilar en espera de tener el piso). Como indemnización además, por la valoración de su casa, recibirán 160.841. Los dueños de la otra vivienda, vacía, percibirán 51.412 euros.
