Oleiros rechaza pagarle a la gestora de las piscinas la subida salarial de sus empleados

La Alcaldía de Oleiros plantea a la Junta de Gobierno Local desestimar una nueva indemnización solicitada por la empresa Aqualia, que gestiona las cuatro piscinas municipales (A Fábrica, Perillo, Oleiros y Dorneda). El técnico del servicio municipal de deportes emitió un informe favorable y la técnico de contratación y la secretaria también dieron luz verde pero el interventor realizó un informe de fiscalización desfavorable, que el alcalde ha tenido en cuenta. En esta nueva petición, Aqualia reclama 37.108 euros al Ayuntamiento en concepto del complemento a abonar a los trabajadores con alta desde junio de 2022 y que trabajaron en el año 2021, además de la regularización de los costes de cotización a la Seguridad Social de ese complemento.

El contrato con Aqualia inicialmente era de 2010 a 2016 y ya lleva seis prórrogas. Uno de los acuerdos por el COVID fue prorrogar los contratos como compensación. Oleiros ya abonó cuatro indemnizaciones a Aqualia por sucesivas peticiones para restablecer sus pérdidas, derivadas de la pandemia. La primera vez reclamó 154.531 euros por el período del confinamiento, del 13 de marzo al 25 de junio de 2020. La segunda indemnización fue de 57.944 euros por el período de agosto a septiembre de 2020; la tercera ascendió a 215.988 euros por el mes de septiembre; y la cuarta, por 464.769 euros, fue por el período de enero a julio de 2021, para el pago de las nóminas de esas fechas. En total Oleiros lleva pagado a la concesionaria de las piscinas 893.234 euros. Ahora Aqualia solicitó otra nueva indemnización, de 37.108 euros, para los trabajadores que estuvieron en 2021.

Intervención considera que el aumento del coste de mano de obra derivado del convenio colectivo es un riesgo propio de la ejecución del contrato. Señala que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en estos casos, ha resuelto que la modificación de los costes laborales derivados de la firma de un nuevo convenio colectivo aplicable a un contratista es un riesgo propio del contrato público de servicios que no justifica su modificación.

La técnica de contratación, con el visto bueno de la Secretaría, cree sin embargo que la nueva indemnización pedida por Aqualia por los gastos de regularización del IPC procede abonarlos porque no es un acuerdo nuevo de subida salarial con efectos retroactivos sino un reconocimiento de incremento salarial por aplicación del convenio colectivo.

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