Si es que lo quiere, al presidente de la Xunta no le faltarán razones de las que echar mano para aplazar sine die la reforma del Estatuto de Autonomía. Recién ganadas las elecciones autonómicas de marzo de 2009 adujo que era mejor esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, para no dar palos de ciego y saber a qué atenerse, no sólo en la cuestión identitaria, sino también en el ámbito competencial. Y ahora que el TC ya se ha pronunciado, Núñez Feijóo dice que habrá que aguardar a que amaine la crisis económica, que es en lo hay que concentrar de momento todos los esfuerzos, por aquello del primum vivere, deinde philosophari.

Don Alberto ha empleado una expresión, la de "retomar la reforma", que desde la oposición se considera muy significativa. Entienden que tal vez el presidente quiso decir que no se plantea empezar de cero y que está dispuesto a aprovechar el mucho y buen trabajo que en la pasada legislatura dejó hecho la comisión parlamentaria presidida por el socialista Tuco Cerviño. Al parecer, están consensuados y redactados buen número de artículos, incluso títulos completos, a los que no afecta apenas en nada el pronunciamiento del Constitucional. Habría que revisar, eso sí, el apartado referido al poder judicial gallego, en exceso ambicioso y demasiado parecido al planteado en Cataluña y que por ello no pasaría el filtro de constitucionalidad.

Feijóo insiste en que quiere una reforma estatutaria, no ya constitucional, sino sobre todo útil, que sirva de verdad para mejorar el autogobierno. Cree que no se trata de reformar por reformar, por puro mimetismo, por no ser menos que otros, y que, sea cuando sea, habría que evitar que el proceso provoque en Galicia la tensión y la crispación a la que se vieron sometidas otras comunidades que la abordaron. O sea, que antes de ponerse a la faena, habrá que sondear la predisposición al acuerdo de las distintas partes. Y de paso asegurarse de que las discusiones no durarán meses y meses, trazando la correspondiente hoja de ruta. En el PP de Galicia no quieren correr el riesgo de ser ellos quienes impulsen una reforma que acabe en vía muerta, que se salde con un fracaso, como le pasó al bipartito. Eso tendría para el gobierno un considerable coste en términos de desgaste político, mucho mayor que dejar el asunto como está, en espera de tiempos mejores. En los círculos gubernamentales están convencidos de que la ciudadanía gallega no se va a sentir frustrada por no tener cuanto antes un estatuto nuevo del trinque, si la Xunta hace bien las cosas y exprime al máximo las competencias que tiene y las que la Administración Central, si actuara lealmente, tendría que traspasarle.

Lo que está por ver es si sería posible -y cómo- compaginar el aprovechamiento de lo que ya está hecho en el Parlamento con el compromiso electoral de Feijóo de que su gobierno, a diferencia de lo que no hizo el de Touriño y Quintana, enviaría un proyecto de reforma con texto articulado, aunque sólo sea para definir claramente su posición, esto es, para marcar territorio. Hay quien cree que ese documento ya está listo o que cuando menos estaba pergeñado antes de que el Constitucional la pasara el algodón al Estatut y ahora sólo es cuestión de retocarlo. Pero también hay albertólogos convencidos de que, por ahora, el presidente quiere concentrarse sus esfuerzos en las cosas de comer, en lo que le toca más de cerca de la gente, en el impulso de la economía, en las infraestructuras y los servicios básicos. De donde se deduce que todo lo demás, las cuestiones filosóficas o de política pura, por muy trascendentes que nos parezcan a algunos, pueden esperar y esperarán al último tramo de la legislatura. Siempre y cuando cumpla lo prometido, cree Feijóo, nadie le echará en cara que lo haga en el tiempo de descuento.

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