Asumámoslo: este Valedor do Pobo nos salió políticamente incorrecto. A diferencia de sus antecesores, ambos como él magistrados de carrera, Benigno López, lejos de cultivar la neutralidad que le correspondería como figura arbitral, no ha tenido empacho en opinar sobre cuantos asuntos espinosos se le ponían por delante. La polémica le acompaña casi desde el primer día en que asumió el cargo al que llega por consenso en la época del bipartito. Pisó unos cuantos charcos, sin temor a mojarse y mucho menos al descontento que sus puntos de vista pudieran generar en gobierno y oposición. Hasta se atrevió a internarse en el jardín de la política lingüística, dejándose algunos jirones de su prestigio institucional por decir lo que pensaba.
Pero en su última comparecencia en el Parlamento se superó a sí mismo. La lió gorda. Propuso dejar en suspenso la aplicación de la ley de la dependencia hasta que haya recursos suficientes para financiarla. Sería mejor esperar a que escampe. Dijo que esa bienintencionada norma nació muerta. Su aprobación, en plena crisis económica, generó unas expectativas imposibles de satisfacer al no existir respaldo presupuestario ni en la Administración central ni en las comunidades autónomas.
Lo que más cabreó, en este caso a la oposición, no fue que Benigno López dijese en voz alta lo que muchos piensan en sus adentros y otros creen inevitable si se agudiza la recesión: que ni siquiera tienen garantizado seguir percibiendo sus ayudas los dependientes que ya cobran. Lo que levantó ampollas es que considerase imprescindibles, justos y necesarios los recortes que están aplicando los gobiernos central y autonómico y diese por hecho que los ciudadanos de a pie entienden ese tipo de medidas y las aceptan, aunque agradecerían que se les explicasen y justificasen, abriendo a ser posible una puerta a la esperanza.
De nada le ha servido al Valedor su empeño en matizar que lo de suspender la ley de la dependencia no era una propuesta formal, sino que simplemente estaba planteando hipótesis de futuro dada la delicada situación económica que atravesamos. Por más que recalque que los ajustes en sanidad, educación y servicios, si es preciso hacerlos porque no hay más remedio, deberían ser los mínimos, socialistas y nacionalistas reclaman su inmediata dimisión. Le piden que siga el mismo camino que la vicevaledora propuesta por el Pesedegá, Dolores Galobart, que se va a su casa por la disconformidad con su jefe, que la desautorizó como responsable del área social.
Hay quien ha ido demasiado lejos, proponiendo que se meta la tijera a fondo en el Valedor de Pobo, incluso eliminando la institución, vista su escasa utilidad, en lugar de recortar en servicios públicos básicos. La sugerencia la dejó caer en arrebato de indignación el líder de los socialistas gallegos. Pachi Vázquez, sin embargo, parece tener una memoria muy flaca, puesto que su partido y el BNG no secundaron en su día la propuesta de recorte del PP, formulada en el marco del último debate del estado de la autonomía.
Si no lo sabían, gracias a la dimisión de la vicevaledora Galobart muchos gallegos se enteraron de que nuestro ombusman tiene tres adjuntos, nada menos, curiosamente uno por partido. Sin pretenderlo y a posteriori, la oposición viene a darle al presidente Feijóo la razón en su propósito de aligerar la estructura del Valedor. Para ser lo que es, un simple buzón de quejas que no van a ninguna parte, no necesita tantos medios. Como la ley de la dependencia, en la práctica y en sus veinte años de trayectoria no ha producido más que frustración en quien acudió a él. Siendo una figura casi decorativa, un adorno institucional que nos viene impuesto por el Estatuto, al menos que nos salga barato.
