El Ayuntamiento de A Coruña afronta la fase final de la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal con su aprobación provisional, esta semana, en el pleno. El planeamiento recogido en sus catorce volúmenes estipula las bases del futuro urbanístico más inmediato de la ciudad, los próximos quince años, que pervivirá durante varias décadas. Hace cinco años que el entonces alcalde, el socialista Javier Losada, al poco de suceder a Francisco Vázquez, anunciaba la apertura del proceso para revisar el plan general vigente desde diciembre de 1998. Cinco años que ahora culminan. Solo queda pendiente el visto bueno definitivo de la Xunta, una tutela que el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, ya ha admitido que supondrá "cambios" de "calado menor" como, alega, ha sucedido en todos los planeamientos municipales de Galicia.

Y lo primero que llama la atención es que el consenso que generó en la ciudad la elección de Joan Busquets, urbanista de prestigio, como redactor del PGOM se ha esfumado de un plumazo. Las dos fuerzas que, cuando estaban en el Gobierno local, votaron a favor de su aprobación inicial, PSOE y BNG, se han opuesto ahora en el pleno al documento. Y el PP, que cuando estaba en la oposición votó en contra, se ha quedado ahora solo en la aprobación provisional.

El Gobierno local ha presentado un planeamiento que, entre sus principales novedades, cede la iniciativa del desarrollo urbanístico a los promotores privados en perjuicio del Ayuntamiento, rebaja la previsión de construcción de viviendas de 27.000 a 24.800 en un horizonte de doce años, retira la recalificación de la fábrica de armas para viviendas y mantiene su uso industrial, autoriza edificios de diez plantas en los muelles de San Diego y petrolero, abre la puerta a una legalización general de edificios de viviendas irregulares en la ciudad, aumenta un 20% la edificabilidad en As Percebeiras -una de las últimas parcelas vírgenes en la ensenada del Orzán-, permite una torre de 16 alturas en Alfonso Molina fruto del desarrollo urbanístico del solar de la estación de autobuses, y planifica la reordenación del enlace de Lavedra con la autopista. El PP, que convirtió el fuera de ordenación de edificios en caballo de batalla electoral, respeta el compromiso del anterior alcalde Javier Losada de que ningún edificio legalmente construido quedaría en situación irregular con la entrada en vigor del PGOM.

Los populares han rechazado la pretensión de nacionalistas y socialistas de meditar el nuevo plan después de los cambios introducidos. Ni el BNG, que solicitó la retirada del documento del orden del día del pleno municipal del lunes, ni el PSOE, que reclamó un nuevo período de exposición pública, han visto aceptadas sus peticiones. El Gobierno local desoyó sus demandas a pesar de que, en la oposición, el PP reclamaba con insistencia que la polémica del fuera de ordenación exigía, de por sí, la apertura de un nuevo plazo de alegaciones. De ahí la pregunta de por qué lo que demandaba hace un año pierde vigencia ahora.

El caso del edificio Conde de Fenosa, cuya licencia declaró nula el Tribunal Supremo, ha propiciado, ya con el PP en el Gobierno local, la inclusión de un artículo que abre la puerta a su legalización. Después de que LA OPINIÓN informara de esa novedad, el Gobierno local, en comisión informativa, cuatro días antes del pleno, extendió el precepto a toda la ciudad. Aunque ha negado que se trate de un "amnistía" general a construcciones irregulares, en la práctica esta norma permite legalizar lo ilegalmente edificado siempre que se ajuste al plan actual, incluidos los dos inmuebles levantados sin licencia en la Universidad, que han costado la imputación del exvicerrector de Infraestruturas Xosé Lois Martínez y de los tres directores de obra, entre ellos el reconocido arquitecto pontevedrés César Portela.

Análisis individual merece la solución dada a la urbanización del Agra de San Amaro, triste herencia de los tiempos en que Francisco Vázquez empuñaba el bastón de mando de A Coruña y Salvador Fernández Moreda ejercía de concejal de Urbanismo. El anterior Gobierno local ratificó en la revisión del plan la previsión de este polígono, hijo del planeamiento de 1998, y lo incluyó en el documento inicial. Pero la Dirección Xeral de Patrimonio rechazó su construcción por figurar dentro del ámbito de protección de la Torre de Hércules y amenazar al título del faro como patrimonio universal.

El Ayuntamiento ha optado por una solución arriesgada por cuanto, por el momento, no tiene garantías de que la acepten Patrimonio, la Unesco, los propietarios del suelo y, en último caso, la Xunta, de la que depende la aprobación definitiva. En el lugar donde estaban previstos los edificios que taparían la visión de la Torre desde el paseo marítimo, Urbanismo prevé un aparcamiento ligado al faro, que permitiría suprimir el actual, y un centro de recepción de visitantes encajonado en la cantera, sin sobrepasarla, al igual que el inmueble de viviendas. El Ayuntamiento se basa en que Patrimonio, en su informe, se opone a "nuevas construcciones" en el área de protección de la Torre y, en una curiosa interpretación, concluye que Adormideras, aún dentro de ese ámbito, queda excluida por estar ya construida, por lo que, aduce el Gobierno municipal, se puede levantar otro edificio. Esta solución ha recibido el rechazo de la mayoría de vecinos, con la asociación de Monte Alto a la cabeza, e Icomos, órgano asesor de la Unesco, ha comenzado a analizarla.

El plan general representa ni más ni menos que el futuro urbanístico de A Coruña. Marca las líneas maestras de cómo será la ciudad en que deberán vivir generaciones y generaciones de coruñeses. Queda ahora plasmarlo sobre el terreno y desarrollarlo, hacer de él el instrumento para compensar el desarrollismo, en muchos aspectos anacrónico, del último medio siglo. Gobierno local y oposición, cada uno en su lugar, deben actuar, más que nunca, con responsabilidad y sentido común para que la Coruña del futuro sea de verdad la que quieran y se merecen los coruñeses.