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La Opinión de A Coruña

Fernando Ull

El ojo crítico

Fernando Ull Barbat

Los agoreros

Durante los primeros meses de la pandemia, cuando la población se encontraba en sus casas sin poder salir de ellas más que lo imprescindible, hubo voces que aseguraron que el desempleo superaría el 20%, y que las decisiones del Gobierno, muy parecidas a las tomadas por el resto de países de la Unión Europea, nos conducirían de manera directa al desastre. Y, por supuesto, que lo que pretendía Pedro Sánchez con todas las medidas que las autoridades sanitarias decretaron para tratar de evitar que en España siguiesen muriendo centenares de personas a diario era un plan preconcebido para implantar una dictadura. Esta clase de bobadas, que ahora parecen muy graciosas y que pueden provocar la risa, no sólo fueron dichas por lunáticos en YouTube o por profesores chiflados en conferencias minoritarias, sino que también fueron cacareadas por columnistas de prensa escrita y digital, por tertulianos televisivos y por algunos políticos de derecha. Sin embargo, el sistema de los ERTE organizado por el Gobierno salvó centenares de miles de empleos, España fue felicitada por la Unión Europea en la lucha contra la pandemia y la Democracia española está más fuerte que nunca desde que, por ejemplo, se dejaron de organizar policías patrióticas y sistemas parapoliciales al margen de la ley para tapar la corrupción del partido en el Gobierno (léase operación kitchen).

Después de largos meses de pandemia en los que la práctica totalidad de los restaurantes, bares, hoteles, campings, pisos turísticos, agencias de viaje y empresas de servicios estuvieron cerrados, y una vez recuperada una cierta normalidad, en aquellas comunidades autónomas donde el turismo es un pilar muy importante para su economía local se ha conseguido regresar a un cierto bienestar gracias a la llegada de turistas. Sin embargo, a los pocos meses de que las medidas del Gobierno en materia de empleo permitiesen salvar la economía y de que se recuperase el turismo, han surgido voces minoritarias pero muy amplificadas por los medios de comunicación que pretenden convencernos de que el turismo es, por definición, la invasión de salvajes que vienen a orinar en las calles y a llenarlas de basura, cuando, en realidad, el turismo son familias españolas y parejas de extranjeros bastante más educados y cívicos que muchos españoles que gastan su dinero en España gracias al cual se pagan las facturas pendientes.

Hace unas semanas el Ayuntamiento de Elche declaró la guerra a lo que llama pisos turísticos ilegales. Hay que recordar que todos los pisos turísticos que ofertan sus servicios a través de páginas web como Airbnb pagan los impuestos que corresponden a la Hacienda Pública. El Gobierno de Pedro Sánchez, hace unos años, obligó a las plataformas de alquiler de viviendas vacacionales a entregar a la Hacienda Pública los datos de los propietarios de estas viviendas, su número registral, el nombre de la persona que los explota comercialmente y la cantidad que genera cada uno de esto pisos turísticos. Es decir, está controlado por Hacienda. Como sabe cualquier persona informada fuera de estas páginas webs es imposible alquilar estas viviendas para turistas. Lo que no está en internet no existe. Yo creo que cuando una actividad comercial paga impuestos no puede ser llamada ilegal. Distinto es que algunos ayuntamientos, con la entrada en vigor de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, hayan establecido para dar de alta una vivienda como piso turístico unos requisitos imposibles de cumplir y que a los que ya tenían el registro autonómico les pretendan aplicar esas nuevas reglas de manera retroactiva. Si a los hoteles se les exigiese a partir de este año tener piscina olímpica la práctica totalidad de ellos serían declarados ilegales por no cumplir con este nuevo requisito. A los españoles todo nos molesta. En Valencia la vicealcaldesa Sandra Gómez quiere que desaparezcan los pisos turísticos para esconder su incapacidad de solucionar el problema de la vivienda para jóvenes y familias con pocos recursos, cuando el Instituto Nacional de Estadística afirmó en diciembre de 2020 que en España sólo el 1,3% de las viviendas son pisos turísticos, porcentaje que en la Comunidad Valenciana sube a un peligrosísimo 1,7% (ironía modo on). Y para rematar esta moda tonta antiturística en Santiago de Compostela un grupo minoritario de vecinos se ha organizado para protestar contra los jóvenes peregrinos que este verano están acudiendo a esta ciudad para celebrar sus convicciones religiosas con jóvenes de toda Europa y que, al parecer, cometen el incívico comportamiento de tocar la guitarra y cantar por las calles.

Como era de esperar ante los primeros síntomas de desaceleración económica producto de la guerra de Ucrania, han surgido los aguafiestas deseando una próxima recesión económica. Yo, sin embargo, creo que los españoles, que hemos pasado por una durísima pandemia y de la que hemos logrado salir sin dejar atrás a los más débiles y habiendo sabido proteger el mercado laboral, tenemos la fuerza y la convicción necesarias para superar los efectos de la invasión de Ucrania por parte del dictador ruso Vladímir Putin.

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