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Joan Tapia

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Joan Tapia

Llarena y Puigdemont

Desjudicializar el conflicto catalán de 2017, que llevó a un referéndum ilegal y a una fallida declaración unilateral de independencia, es bien visto en Cataluña. No se puede normalizar un país con los jefes de los partidos que tienen el voto de la mitad de la población en situación irregular. Por eso los tres principales partidos, el PSC, ERC y Junts (99 diputados sobre 135), de alguna manera apoyan la desjudicialización. Aunque Junts y Puigdemont no deseen la desinflamación. Por eso, los indultos parciales a los políticos condenados tuvieron una alta aprobación en Cataluña que contrasta con las reticencias, más o menos fuertes, en buena parte de España.

Pero desjudicializar lo ya antes judicializado es casi un laberinto. Más si el independentismo está dividido y ambiguo y el principal partido de la oposición española está en contra. Y no cabe esperar una posición favorable de la fiscalía y el Supremo, convencidos de la ley que aplicaron. Por eso, ahora la abolición del delito de sedición y el de malversación destapan muchas más pasiones que los indultos.

Y es muy posible que el Gobierno —que no ha tenido gran pericia jurídica, como demuestra la ley del solo sí es sí— tampoco haya acertado en la instrumentación de la reforma de la sedición y de la malversación. ¿No hubiera sido mejor mantener la sedición y rebajar las penas —que es lo sustancial—, en vez de abolirla y sustituirla por los desórdenes agravados que Felipe González dice, con razón, que no se corresponde con lo que pasó?

Pero el PP y la derecha judicial deberían aceptar que mientras la independencia tuvo un apoyo nulo en Europa —y ningún alto cargo de la Generalitat, hasta ahora Aragonès, fue recibido en Bruselas—, todas las euroórdenes del juez Llarena (del Tribunal Supremo) han sido desechadas en Europa. En Bélgica, vale, pero también en Alemania e Italia. ¿Son sectarios los tribunales de esos países? Creo que no. Europa condenó la independencia (no admite la partición unilateral de los estados), pero sus tribunales no han querido contribuir a que dirigentes que no recurrieron a la violencia sufrieran penas de prisión, como estaba pasando con Oriol Junqueras y los que se quedaron.

Por eso los indultos y la reforma de la sedición eran convenientes. No solo para desinflamar Cataluña sino para reconocer la realidad: altos tribunales europeos son reticentes a la severidad penal (y política) del Supremo español. Otra cosa es que el Gobierno, en un asunto endiablado, haya errado. Y que desinflamar y desjudicializar el conflicto catalán con buena caligrafía sea una quimera. Todavía más si el PSOE y el PP están en guerra permanente con Cataluña como uno de los grandes motivos. El 155 de Rajoy fue avalado por Pedro Sánchez. Ahora Feijóo dice que Sánchez conspira contra la Constitución.

La desjudicialización será conflictiva y quizás uno de los grandes campos de batalla del año electoral que, en base a algunas encuestas, el PP cree que le favorecerá. Y el Supremo y el mundo judicial tendrán que adaptarse —a disgusto, como se está viendo— al nuevo marco legal. El juez Llarena, no escuchado en Europa, ya ha escrito un primer auto de 70 páginas. Sorprende que en vez de aplicar la ley —lo que los jueces deben hacer— critique las decisiones del legislativo. Para eso estaría la cuestión de constitucionalidad.

En la práctica, Llarena ha decidido no utilizar el delito de desórdenes agravados (con argumentos) y centrarse en una interpretación severa de la malversación, que puede comportar una condena de hasta doce años. Por eso, mientras que quienes no estaban acusados de malversación —como Marta Rovira y Clara Ponsatí— saldrán beneficiadas, la situación de Puigdemont se puede complicar. Una euroorden por malversación es más europea que por sedición. La verdad es que el tribunal alemán ya concedió la extradición de Puigdemont por malversación y fue Llarena —que quería la rebelión— el que entonces no quiso aceptarla.

Desinflamar Cataluña, y España, del trauma de 2017 no será fácil, como muestran las dificultades de la actual desjudicialización decidida a uña de caballo. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero todos se están tirando adoquines y nadie está exento de culpa.

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