La antigua cárcel de A Coruña: parte importante de nuestra historia y patrimonio

Hace catorce años ya que la antigua cárcel provincial está abandonada. Cada año que pasa, el peculiar edificio, construido en 1927, se va deteriorando un poco más. Desde hace nueve años, el inmueble es motivo de litigio entre el Concello y el Estado. Un discutible convenio firmado por Francisco Vázquez cuando era alcalde contemplaba que la cárcel pasaría a titularidad municipal a cambio de 1,2 millones de euros. Esa cantidad era la diferencia del valor entre la parcela que ocupa la vieja prisión (12.792 metros cuadrados) y los 9.000 metros cuadrados de suelo muy cerca del antiguo penal que el Concello cedió al Estado para que levantara el Centro de Inserción Social, donde duermen los reclusos que disfrutan ya del tercer grado.

Años más tarde, fue el PP el que consideró que ese acuerdo era lesivo para los intereses de la ciudad y planteó la nulidad del mismo. El Gobierno se defendió y, sucesivamente, los diferentes tribunales han ido dando la razón al Estado, que, además, ha visto como el Tribunal Supremo, en su última sentencia sobre este contencioso, le reconocía el derecho al cumplimiento del convenio y, por tanto, el cobro de lo pactado.

Si A Coruña quiere recuperar la antigua cárcel provincial tendría que asumir el pago, en el que el estado pretende incluir los intereses, hasta los 2,3 millones de euros. Habría que sumar otros 30 millones, que es lo que se estima que costaría la rehabilitación del inmueble en su estado actual.

Ahora bien, más allá de los derechos legales de unos y otros, cabe preguntarse cómo es posible que el Estado, en este caso los ministerios de Hacienda y de Interior, que son los que gestionan a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) inmuebles como el de A Coruña, pretendan hacer caja con un edificio casi centenario y convertido a día de hoy en una ruina por culpa de su propia desidia y dejadez.

Desde aquel acuerdo de Francisco Vázquez con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 han pasado por los palacios de la Moncloa y María Pita ejecutivos de todos los colores políticos y, sin embargo, el acuerdo fue siempre imposible debido a la voracidad económica mostrada siempre por los responsables estatales.

A Coruña no se puede permitir el lujo de dejar que un inmueble como la vieja cárcel provincial desaparezca y eso es lo que va a suceder en poco tiempo si no se acometen de modo urgente, al menos, unos trabajos mínimos de restauración que sirvan para asentar su cubierta, a punto de venirse abajo en algunos puntos, y que protejan el recinto de los ataques vandálicos que sufre. Es un trozo muy relevante de la historia de A Coruña, tanto o más que otros inmuebles que han recibido la catalogación de Bienes de Interés Cultural y, solo por ello, merece la pena iniciar otras posibles vías que consigan facilitar la cesión del edificio a la ciudad, toda vez que, por las buenas, parece que resultará imposible.

Ahora que estamos a punto de conocer a la nueva Corporación que regirá los destinos de la ciudad los próximos cuatro años, sería bueno que, al menos, en una cuestión capital como esta, las diferentes fuerzas políticas fueran capaces de encontrar un punto de coincidencia que diera a la ciudad la unanimidad en la reclamación.

Por el momento, los políticos parece que siempre han ido a remolque de lo que diferentes colectivos ciudadanos han hecho por salvar una parte más que importante de la historia y el patrimonio coruñés.