Los deberes de la nueva Xunta con A Coruña

Apenas unos minutos después de que Alfonso Rueda tomara posesión de su cargo en una soleada mañana santiaguesa, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ya le estaba pidiendo fecha para un encuentro cara a cara. La regidora heculina no quiere perder tiempo, consciente de lo mucho que se juega la ciudad ante la legislatura que ahora se abre.

A Coruña tiene abiertos muchos frentes en los que la actitud de la Xunta será fundamental para determinar, en buena medida, el futuro de aspectos fundamentales de la ciudad. Y no hablamos solo de cuestiones como la fachada marítima, en la que es fundamental que ambas administraciones, y el propio Estado, caminen de la mano en la que pasa por ser la actuación más importante en la urbe en más de cincuenta años.

Pero más allá de ese asunto capital, será fundamental el modo en el que María Martínez Allegue, una de las novedades del Gobierno gallego, se compenetre con los responsables municipales coruñeses. Martínez Allegue asumió la que pasa por ser la consellería con más carga de tareas relacionadas con A Coruña para la presente legislatura.

El reinicio de la vía ártabra tras la sentencia judicial que obligó a comenzar el proyecto desde el principio es una de ellas, además de la construcción de la plataforma flotante de O Parrote.

La pontevedresa de 46 años, y funcionaria de carrera, también es la que tendrá la última palabra en las obras de la ampliación del Hospital Universitario, la mayor inversión de la historia del Gobierno autonómico en la ciudad.

Pero es que, además, al añadir vivienda a las competencias de esta consellería, deberá afrontar, la gestión del Plan Rexurbe y la dinamización del casco histórico que lleva asociado, además de la construcción de las viviendas sociales proyectadas en Xuxán y la reclamación a la Sareb de viviendas para la ciudad que solicita el Concello.

Además, en última instancia, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas también es la responsable de declarar A Coruña como zona tensionada para el alquiler, otra de las demandas municipales. Inés Rey expresó ya su deseo de que se produzca “un cambio en la tendencia que ha llevado el Partido Popular hasta ahora” en esta materia, por lo que dijo que expondrá a Rueda, cuando se pueda reunir con él, esta “preocupación” para que “se haga de verdad una política de vivienda”.

El Partido Popular, en su momento, anunció que no recurriría a la figura de las zonas tensionadas para intentar solventar los problemas de acceso a la vivienda de alquiler que se están dando en demasiadas ciudades del país y, por supuesto, en A Coruña. La hasta ahora titular del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, ante la petición formulada desde el Concello coruñés, siempre aseguró que desde el Ayuntamiento no se había enviado la documentación necesaria para acometer la declaración de zona tensionada, algo que los responsables municipales desmintieron en repetidas ocasiones.

Todavía habrá que esperar para poder comprobar si ese compromiso que Rueda dijo tener para solucionar el problema del alquiler y la adquisión de pisos pasa por la aplicación de la Ley de Vivienda, que la propia Xunta tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, o si, por la contra, buscará fórmulas propias para atajar la situación. Sea de un modo o de otro, es fundamental que el diálogo entre las dos administraciones funcione para poner fin a un problema que pone en serios apuros a miles de ciudadanos coruñeses.