Opinión | EDITORIAL

El problema de la seguridad en A Coruña

A Coruña es una ciudad segura. Eso lo dicen las estadísticas que publica regularmente el Ministerio de Interior, en las que se recogen de manera pormenorizada el número de delitos, en todas sus modalidades, denunciados. Pese a ello, es casi habitual que en determinadas zonas de la ciudad, sus vecinos no lo sientan así, por mucho que los datos se empeñen en demostrar lo contrario.

Es, por ejemplo, lo que sucede en Monte Alto. Allí, el pasado 19 de enero, vecinos y comerciantes se concentraron para denunciar la oleada de robos que sufren a diario y de los que responsabilizan a la presencia de varios nacopisos en el barrio.

De aquella movilización queda la imagen de un toxicómano enfrentándose a los vecinos concentrados, asegurando que él es un enfermo y justificando su actitud porque, alegó, algo tiene que hacer para sobrevivir.

El pasado martes, aquella primera concentración tuvo su continuidad con una cacerolada que finalizó ante uno de esos pisos ocupados en los que supuestamente se vende droga. Poco a poco la tensión fue creciendo y, al final, los vecinos llegaron a arrancar la puerta de la vivienda.

Bajo protección policial, tras varias horas de protestas, los ocupantes terminaron dejando la casa. La presión vecinal logró cerrar uno de esos narcopisos, pero no solucionó el problema, ya que, a las pocas horas, los ocupantes de esa vivienda fueron sorprendidos por el 092 cuando intentaban ocupar otra.

Esta situación demuestra que el problema es demasiado complejo como para que se pueda solucionar de una vez por todas con una movilización popular o con doscientas. Es cierto que la Justicia se muestra demasiado lenta a la hora de intentar atajar este tipo de conflictos. Incluso las actuaciones policiales tampoco demuestran la agilidad que los afectados querrían para acabar de una vez por todas con el problema.

Aunque la administración no se comportara como la rémora que casi siempre es, la solución a este tipo de problemas no puede tener únicamente la vertiente policial, ya que la expulsión de estas personas de un barrio supone siempre su traslado a otro, con lo que, al final, lo único que se logra es un traslado del problema, no su eliminación.

Entidades contra la droga han defendido la necesidad de iniciativas sanitarias y sociales en colaboración con los vecinos afectados. Ellos tienen muy claro que el problema son los traficantes y que la parte más débil en esta ecuación son los drogodependientes. Para los expertos, sería necesario que a estas personas se las viera como enfermos y no únicamente como delincuentes.

También recomiendan la creación de un servicio de mediación municipal, que interviniera en este tipo de situaciones explosivas en las que la acción popular puede terminar desencadenando un enfrentamiento grave que se podría evitar con diálogo.

Es posible que este tipo de actuaciones ayudaran a calmar los ánimos, pero también es cierto que esa seguridad de la que las estadísticas dicen que disfrutamos en A Coruña no existe si no es percibida por los vecinos. Y la verdad es que tampoco resultan muy tranquilizadoras declaraciones como las efectuadas por el portavoz en A Coruña del sindicato Confederación Española de Policía, Borja Varela, que reconoce abiertamente que las Fuerzas de Seguridad no disponen de los medios necesarios para dar respuesta adecuada a las peticiones que les realizan los vecinos.