¿Y ahora qué?

Después de semanas escuchando peroratas a diario del Partido Popular en relación con el caso Koldo pidiendo la dimisión de la presidenta del Congreso, de varios ministros y del presidente del Gobierno, las tornas han cambiado con el descubrimiento de que la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso no sólo se hizo rico durante la pandemia intermediando en la venta de mascarillas a los hospitales públicos sino que, según Hacienda, se inventó facturas falsas de empresas en países nada sospechosos como Panamá o Costa de Marfil, que no tenían nada que ver con la materia objeto de negocio de este sujeto que responde al nombre de Alberto González Amador, gracias a las cuales (las facturas) González evitó tener que pagar a Hacienda 350.000 euros.

Vaya por delante la profunda repugnancia que siento por todos aquellos empresarios y comisionistas sin escrúpulos que, en lo más duro de la pandemia, cuando en España morían mil personas al día, se hicieron millonarios vendiendo mascarillas a las Administraciones públicas españolas. Mascarillas que servían para que el personal sanitario no se jugase la vida atendiendo a pacientes infectados por COVID-19. Mientras otros españoles sólo pensaban en cómo ayudar, unos pocos sólo lo hicieron en cómo hacerse millonarios. Cuando alrededor ves morir a gente todos los días y tu única meta que tienes en la vida es hacerte millonario gracias a ese sufrimiento tienes todas las papeletas para convertirte en un miserable. Y en esta calificación incluyo a los implicados en el caso Koldo, a los comisionistas de Madrid Luis Medina y Alberto Luceño y ahora a Alberto González.

La denuncia ante la Fiscalía por parte de Hacienda de las andanzas comisionistas de la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha abierto un nuevo ámbito de conflicto político. Por una parte hay que dejar bien claro que Alberto González no está siendo investigado por Hacienda. Este trámite ya ha terminado. La investigación de Hacienda comenzó cuando este particular declaró unos beneficios de poco más de 8.000 euros a pesar de haber facturado dos millones gracias a su labor comisionista. Y para declarar unos beneficios tan paupérrimos aportó unas facturas de varias empresas que Hacienda consideró falsas. De ahí que presentara toda la documentación a la Fiscalía por cuanto consideraba que además de existir unos datos numéricos erróneos consideraba que había intentado ocultarlo mediante la presentación de facturas falsas. Por tanto González se encuentra ahora a la espera de que la autoridad judicial, visto el informe de la Fiscalía, decida abrir causa judicial contra él. La fase de la inspección ya ha terminado. Por otro lado, y según afirmó Isabel Díaz Ayuso, Hacienda debe a su pareja 600.000 euros. Desconozco cómo ha llegado a esta conclusión. En cambio sí que se conoce que Alberto González intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía declarándose culpable de haber cometido fraude y falsedad documental y comprometiéndose a pagar los 350.000 euros defraudados. La Fiscalía respondió que en el caso de llegar a un acuerdo este se produciría en el proceso judicial. Por tanto, tanto Díaz Ayuso como su pareja conocen desde hace meses que va a haber proceso judicial con posibilidad cierta de condena penal. No es una simple inspección.

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia que la ejemplaridad debe tener en la política. Se ha dicho que los posibles delitos que haya podido cometer Alberto González en ningún modo pueden afectar a la presidenta de Madrid por cuanto la esfera privada del primero en nada afecta a la esfera pública de la segunda. Sí, afirman, puede que se haya paseado en un coche Maserati y haya vivido en un piso comprado en parte gracias al dinero defraudado a Hacienda, pero ella no tenía por qué saberlo. Dejando a un lado el hecho de la sospechosa tendencia del círculo más cercano a Ayuso de conseguir ingentes cantidades de dinero gracias a las comisiones que tienen que ver con la sanidad pública madrileña, la relación directa de ambos, los intentos por ocultar este caso de la opinión pública y que su pareja haya reconocido los hechos al mismo tiempo que Ayuso acuse a Hacienda de una inspección “sacada de quicio”, choca de lleno con la ejemplaridad que todo servidor público debe ostentar. La necesaria virtud que debe guiar la labor diaria de un político la definió el filósofo Javier Gomá como de responsabilidad del ejemplo, concepto del que trata en su libro Ejemplaridad Pública (Taurus, 2007) incluido en su monumental Tetralogía de la Ejemplaridad. Para Gomá la actividad pública debe regirse por el concepto sé ejemplar en el sentido de convertirse en influencia emancipadora y civilizadora. La dirección de una vida como ejemplo para reformar la dirección de otras. Y al día de hoy, creo yo, Díaz Ayuso no puede ser ejemplo de nada y menos en materia de impuestos. Que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, máxima responsable de la recaudación de los impuestos en su Comunidad, sea un defraudador confeso de impuestos que se dedica a obtener comisiones en materia sanitaria gracias a la privatización encubierta de la sanidad pública madrileña no parece muy razonable ni ejemplar.

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