La crisis económica ha disparado la demanda de las ayudas de carácter social en la comunidad gallega. Buena muestra de ello es que, durante el pasado año, la cifra de peticiones de la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga) se incrementó un 24,5% con respecto al ejercicio anterior, al pasar de 2.668 a 3.536 solicitudes registradas en 2009, según la Consellería de Traballo e Benestar.
Una media de diez gallegos solicitaron, cada día, la prestación, cuyo importe básico asciende a 387,68 euros, más una serie de complementos en función del número de miembros de la unidad familiar. A Coruña es la provincia en la que se contabilizaron más peticiones, el 41% del total, seguida de Pontevedra (37,5%), Ourense (11%) y Lugo (10,4%).
Por su parte, la Consellería de Traballo e Benestar concedió 6.497 asignaciones de la prestación en 2009, un 10% más que las aprobadas en 2008, lo que supone que casi un 86% de los municipios de la comunidad gallega contaban, al cierre del pasado ejercicio, con beneficiarios de esa ayuda.
Emergencia
La coyuntura económica también provocó un aumento de las solicitudes de ayudas para situaciones de emergencia social, que sumaron 4.214 frente a las 3.301 de 2008, lo que se traduce en un incremento del 21,6%. Desglosado el dato por provincias, el 49,9% de las peticiones correspondieron a Pontevedra; el 23% a A Coruña; el 13,9% a Ourense y el 13,1%, a la provincia de Lugo.
Además, al cierre de 2009, la Xunta concedió un total de 2.410 ayudas de este tipo, cuya media ascendió a 1.241,7 euros y que, por tanto, supusieron un desembolso público de unos tres millones de euros.
Entre los requisitos para percibir ambas prestaciones, figuran el estar empadronado en Galicia, el haber constituido una unidad de convivencia independiente y el tener una edad comprendida entre los 25 y los 65 años. También se podrán beneficiar de las ayudas los menores de 25 años que tengan menores a su cargo; los mayores de 18 que, aún teniendo reconocida una discapacidad, no tengan derecho a otra prestación o ayuda como ésta: los mayores de 18 años que, antes de alcanzar la mayoría de edad, estuvieron tutelados por la Xunta e internados en un centro de protección de menores o en acogimiento familiar; y todos aquellos que, en situación de orfandad absoluta, no tengan derecho a otras prestaciones similares.
Los beneficiarios de las ayudas están obligados a destinar el importe de la prestación al fin para el que se les concede, a participar en el proyecto de inserción y a escolarizar a los menores a su cargo.
