El Gobierno de Navarra aprobó ayer un acuerdo que da inicio a los trámites para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El acuerdo se ha remitido al Consejo de Navarra para que emita dictamen preceptivo con carácter de urgencia, ya que el plazo para presentar el recurso finaliza el 3 de junio.
Entre los motivos de inconstitucionalidad se plantean la invasión de competencias autonómicas, situaciones de imposibilidad de organizar la prestación sanitaria, quiebra del carácter integral del Sistema Nacional de Salud o contravención de principios de derecho europeo. Según la consejera de Salud María Kutz, la ley "invade las competencias de la comunidad en su capacidad organizativa de los servicios sanitarios y en su capacidad para establecer y planificar el funcionamiento de sus servicios sanitarios".
