Mantener una buena convivencia y clima escolar en las aulas depende de alumnos, profesores y dirección de los colegios pero también, y mucho, de los padres. Aunque los niveles de conflicto escolar en Galicia son muy bajos, con expedientes abiertos a solo el 0,26% del alumnado (uno de cada 400), la Consellería de Educación llevará a los tribunales a las familias que se ausenten y no estén dispuestas a colaborar cuando sus hijos tengan un problema grave en la escuela.

El reto es que la participación y la implicación de los padres sea un hecho. Es por ello que la colaboración de las familias en la educación ocupa un amplio capítulo en el borrador de anteproyecto de la ley de convivencia y participación de la comunidad educativa que prepara la Xunta; una norma pendiente de consenso y que, por primera vez en Galicia, concede a los profesores rango de autoridad pública. Las familias tendrán que acudir a las reuniones cuando el centro requiera su presencia. Para ello, el claustro adaptará el horario de los encuentros para que los padres o madres puedan acudir a la cita.

Además de velar por el respeto mutuo entre profesor y alumno, la prevención de situaciones de acoso escolar y el reconocimiento al claustro de las "facultades precisas para prevenir y corregir conductas contrarias a la convivencia", la nueva normativa que ultima la Xunta sitúa como clave en el clima escolar "la corresponsabilidad de padres, madres y tutores en el mantenimiento de la convivencia en los centros docentes". De hecho, la implicación de las familias aparece enumerada en el texto legal como uno de los deberes de los progenitores.

La Consellería de Educación reforzará los canales para que el contacto entre centros y padres sea más palpable, habilitando medios tecnológicos para poder enviar y recibir recados e información vía ordenador. De hecho, a través del programa Abalar los progenitores recibirán información de notas, faltas y reuniones cuando la aplicación esté lista. Eso sí, cuando exista un problema serio de comportamiento o actitud con un menor tendrán que estar presentes e implicarse lo máximo posible para tratar de solucionarlo.

Las familias "están obligadas a participar en los procesos de corrección disciplinaria", según consta en el borrador del anteproyecto. En caso de detectarse una conducta disruptiva, las familias tienen su parte de responsabilidad para atajarlas y, de ser necesario, darle una solución; la propia ley sobre autoridad docente lo deja claro en su articulado. "Las audiencias y comparecencias de las madres, padres o tutores de alumnos menores de edad en los procedimientos disciplinarios son obligatorios y su desatención injustificada será considerada incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad o a la tutela y comunicada a las autoridades competentes para los efectos legales oportunos", dice el anteproyecto. Ausentarse de la responsabilidad de implicarse para arreglar un problema en el colegio terminará, por norma, en los tribunales de familia y/o menores cuando la gravedad del caso lo requiera.

La ley de convivencia de la Xunta, que ya tienen en sus manos todos los miembros del Consello Escolar y el Observatorio Galego de Convivencia para revisar su contenido y trasladar a Educación su opinión antes de ser aprobada, fija los derechos y los deberes de padres, alumnos, profesores y personal administrativo del centro. Las familias deberán "conocer, participar y apoyar la evolución del proceso educativo, en colaboración con el profesorado y el centro".

Los derechos y deberes del alumnado no se actualizan en Galicia desde finales de los 90, según explican fuentes del colectivo docente (ver gráfico). Además, se ponen al día en el anteproyecto las faltas que pueda cometer el alumnado, como "difundir imágenes o datos que atenten contra el derecho al honor y la intimidad personal". Tanto el profesorado, como la dirección y el personal administrativo tienen el deber de alertar de un posible caso de comportamiento disruptivo o acoso escolar si existe sospecha.

Quince familias de Galicia con hijos escolarizados en el primer ciclo de Primaria han decidido acudir a los tribunales para defender el derecho de los niños a recibir la educación en la lengua materna. La asociación Galicia Bilingüe (GB), que dirige Gloria Lago, se ha comprometido a asumir los gastos de los quince procesos pese a ser una entidad sin ánimo de lucro "con escasos recursos y que no recibe ayuda económica de ningún partido político", según explicó ayer en Ourense la propia Lago.

La asociación espera poder acumular las 15 causas en un solo proceso para agilizar la resolución y ha ofrecido asesoramiento legal a las familias. Para sufragar los gastos, GB ha iniciado una campaña para recaudar fondos a través de su web.

Gloria Lago no pudo precisar cuántos de los alumnos afectados hablan castellano y cuantos gallego, aunque matizó que "la mayoría" hablan español. Las quince denuncias que se presentarán durante los próximos días se amparan, según explicó Lago, en la propia ley de Normalización Lingüística (LNL), que en su artículo 13.1 establece que "la primera enseñanza ha de ser en la lengua materna". Sin embargo, el decreto del plurilingüismo aprobado por la Xunta indica que solo los alumnos de Infantil serán consultados al formalizar la matrícula y que será la lengua materna de la mayoría la que decida el idioma de las clases. Lago ve "insuficiente" esta medida pues la etapa de Infantil no es obligatoria y "no respeta el derecho de forma individualizada como ha resuelto el Tribunal Supremo".