Más de medio millón de inmigrantes perderán la cobertura sanitaria integral de la que ahora gozan en España porque se encuentran en situación irregular y, de salir adelante la modificación de la ley de extranjería anunciada por el Gobierno el pasado viernes, ya no bastará con estar empadronado para acceder a una tarjeta sanitaria.

En la actualidad, 573.712 inmigrantes figuran en las estadísticas oficiales como residentes en España sin autorización, ya que 3,2 millones de personas nacidas en países de fuera de la Unión Europea están empadronadas en el país pero son 2,6 millones los permisos expedidos a ciudadanos de estas nacionalidades. Estos datos son fruto de cruzar el avance de resultados del Padrón Municipal a 1 de enero de 2012 que elabora el Instituto Nacional de Estadística con el balance oficial de permisos de residencia, cerrado a 31 de diciembre de 2011 de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

No obstante, la cifra está sujeta a variaciones, principalmente porque el Padrón Municipal se actualiza cada dos años, por lo que pueden figurar inmigrantes que hayan fallecido o abandonado el país y que aún no hayan salido del registro de sus municipios de residencia. Además, esta cadencia en la depuración de los datos hace que sólo cada dos años se eliminen las posibles duplicidades.

La portavoz de Inmigración del PSOE en el Congreso, Esperanza Esteve, tachó ayer de "mezquindad" la intención del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares mientras que desde el Partido Popular, la portavoz parlamentaria en la materia, Carmen Navarro, sostuvo que el Gobierno está estudiando dicha medida después de que el Tribunal de Cuentas sacar a la luz todas las irregularidades que están sucediendo en España con motivo del turismo sanitario. "Cambiar la ley de extranjería supondría ajustarse a la realidad", apostilla esta parlamentaria.

Esperanza Esteve aclara que el Partido Popular, en boca de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, "quiere confundir a la gente" porque, según especifica, una cosa es retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, que sí han cotizado en el pasado y contribuido a la economía del país pero que ahora por problemas del mercado laboral se encuentran en paro, y otra es querer combatir aquellos casos de turistas que vienen a España de vacaciones y "abusan" de la Sanidad. A su juicio, retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes perjudicará a todo el país ya que al tratar sólo urgencias o casos de maternidad, al final se incrementarán los costes porque el tratamiento será mayor y "no se ahorrará".