El pleno del Ayuntamiento de Elda (Alicante) aprobó ayer, con la abstención de los catorce ediles del grupo mayoritario del PP, la reclamación del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las ONG cristianas y al resto de entidades que se ubican en inmuebles de la localidad de titularidad de la Iglesia católica. Se trata del primer ayuntamiento gobernado por el PP que exige el pago de este impuesto a la Iglesia.

Durante la sesión plenaria, celebrada el martes pasado, los catorce concejales populares se abstuvieron en la votación de una moción promovida por los dos concejales de Esquerra Unida (EU) y respaldada por los ocho representantes socialistas, mientras que el único voto en contra fue el de Unión, Progreso y Democracia. De este modo, el portavoz de UPyD en Elda, César González, anunció ayer que su formación iniciará una campaña informativa sobre la aprobación del cobro del IBI a la Iglesia, una medida sobre la que el concejal mostró su oposición reafirmando "la labor social que desempeñan las entidades cristianas en estos tiempos de crisis".

Igualmente, expresó su rechazo al mantenimiento de la exención a favor de partidos políticos, sindicatos, patronales y otras organizaciones que "sí mantendrán el privilegio", así como "al hecho de que el cobro debe establecerse en función del uso y no de la titularidad, de modo que si se presta una labor social, debe haber una exención", recalcó el portavoz de UPyD.

González señaló que esta medida provocará que organizaciones cristianas como Manos Unidas o Cáritas, además de los colegios concertados que existen en la localidad, tengan que hacer frente a este nuevo tributo "con las repercusiones que ello tendrá en los servicios asistenciales que prestan o en la matrícula de los alumnos", dijo.