Más de tres horas de críticas que le llovieron a José Ignacio Wert durante la reunión con los consejeros de Educación de toda España obligaron ayer al ministro a dar marcha atrás en algunas de sus propuestas de la reforma educativa (Lomce), dejar en suspenso otras y plantear una nueva reunión sectorial para el próximo día 19. Entre las rectificaciones destaca la posibilidad de introducir en las reválidas de ESO y Bachillerato la Lengua y Literatura cooficiales, consideradas asignaturas "de especialidad", junto con el resto de materias troncales, algo que no figuraba en el proyecto inicial.
Se barruntaba debate intenso, y se confirmó cuando a media reunión la consejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, daba portazo y se marchaba de la sala. "Es inadmisible", señaló refiriéndose a los nuevos planes reformadores de la enseñanza. A Rigau el protocolo del acto la sentó justo enfrente del ministro Wert.
Sobre la mesa, la retirada de Educación para la Ciudadanía, la posible recuperación del Bachillerato de Artes o los itinerarios en Secundaria. Pero todo ello quedó en temas menores comparados con la polémica de las lenguas. El Estado quiere blindar las enseñanzas del castellano en aquellas comunidades con lengua cooficial y que las comunidades paguen la escolarización en centros privados de niños cuyos padres prefieran recibir la educación en castellano, siempre y cuando la Administración no pueda garantizar ese derecho.
La Generalitat anunció que está dispuesta a ir al Constitucional si la reforma se aprueba tal y como fue presentada por el ministro, lo que parece más que improbable. La puerta al recurso ante el TC también la dejó abierta la Junta de Andalucía, cuya consejera Mar Moreno, declaró que "la reforma permite más educación privada y menos pública, más élites y menos igualdad, más religión y menos Constitución, menos calidad y menos equidad".
Algunas comunidades esgrimieron el argumento de que el agobio de plazos en la tramitación del anteproyecto conculcaba el reglamento de la conferencia sectorial de educación, por lo que cualquier acuerdo que se tomara podía ser impugnado.
De puertas para adentro, probablemente Rigau tenía ganas de marcharse a las primeras de cambio de la reunión, lo que tuvo un esperado efecto mediático, pero se encontró con una baza inesperada que demoró su salida. El ministro aceptó que para obtener el título de la ESO y del Bachillerato los alumnos tengan que examinarse de las lenguas cooficiales del Estado (gallego, catalán y euskera) junto a las pruebas de Lengua Española y Matemáticas.
Para la consellera, sin embargo, siguió siendo "completamente insuficiente". "Retiran eso pero mantienen el derecho a escoger la lengua vehicular, generando en el futuro dos redes lingüísticas escolares, y nosotros no queremos separar nunca a los alumnos por cuestión de lengua", denunció Rigau.
Al finalizar el encuentro, Wert aseguró que no hay ningún elemento en el anteproyecto de la Lomce que minusvalore la importancia curricular del catalán. Según el ministro, lo que se ha dicho sobre un ataque a la escuela catalana es "rotundamente falso", porque "ni se disminuye un ápice el uso del catalán -tal y como establecen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo- ni se entra en ningún elemento de minusvaloración y se establece paridad con la lengua castellana".
El titular de Educación consideró que estas críticas pueden "obedecer a un designio político" y que "se quiera utilizar -el tema de las lenguas cooficiales- como una herramienta".
