Las evaluaciones externas son irrenunciables en la nueva reforma educativa. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, avaló de forma categórica esas pruebas que contempla la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ya que solo a través de ellas se recuperará un sistema que garantice resultados y elevará "la tensión educativa" de alumnos y docentes. Son tres exámenes al final de cada ciclo: Primaria, Secundaria y Bachillerato. Las evaluaciones -que vienen a ser una versión modernizada de las clásicas reválidas de 4º y 6º de Bachillerato, y que sufrieron los que hoy superan los 50 años- son una de las novedades más criticadas del proyecto de ley, pero el Gobierno no está por la labor de negociarlas.
Wert lo explicó por la mañana en un acto junto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien le agradeció sus intentos "por enderezar el torcido rumbo de la educación" y achacó a los "progres españoles" el actual 52% de paro juvenil, consecuencia de leyes educativas "cuyo daño tarda mucho en desaparecer". El ministro criticó que en la actualidad haya una "pérdida total y absoluta de una cultura de la evaluación" porque, a su juicio, "lo que no se mide no se puede mejorar".
Recordó además que somos el número 27 de los 27 países de la OCDE en la disparidad de resultados por comunidades autónomas, ya que entre las autonomías con mejores resultados y las que están en la cola hay una diferencia de 3 a 1, "una tasa sencillamente inaceptable", según Wert, quien calificó de "falso de toda falsedad que la reforma educativa ataque las lenguas cooficiales".
La Lomce, señaló, lo que hace es "garantizar", tal y como dicta el Tribunal Constitucional (TC), que aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano como lengua vehicular lo puedan hacer en toda España. José Ignacio Wert señaló que él habla catalán "y no solo en la intimidad", en alusión a la famosa frase de José María Aznar.
La Lomce establece que el Estado pagará la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que no accedan a la enseñanza en castellano como lengua vehicular en centros concertados y públicos de sus autonomías, y luego se lo descontará en los presupuestos a las comunidades afectadas, pero Wert añadió que se trata solo de una medida "excepcional" y "temporal", a la vez que aclaró que él no ha sido el que ha generado que haya padres que hayan recurrido ante la Generalitat y por vía judicial por no poder escolarizar en castellano a sus hijos en Cataluña.
Educación calcula que la factura de los cambios normativos en la enseñanza española ascenderá a 38,2 millones el primer año, 153,1 en el segundo y hasta 229,6 millones de euros en el tercer año de implantación de la Lomce. Las dos evaluaciones centrales (Primaria y Secundaria) costarán unos 3,7 millones anuales y pondrán en funcionamiento durante dos jornadas laborales a casi 40.000 profesores en toda España, que cobrarán media dieta y los correspondientes gastos de desplazamiento.
Por la tarde, al ministro le tocó responder a una batería de preguntas en el Senado. "Sería absurdo prescindir de la enseñanza concertada", dijo, un subsector que da matrícula a casi un tercio de los alumnos. El mismo argumento cuantitativo fue esgrimido por Wert para defender la educación diferenciada, que supone -explicó- "el 0,65% de los centros y menos del 1% de los alumnos", por lo que "parece más sensato contemplar esta opción minoritaria de libertad" dentro de la norma. El ministro aludió a los informes de la Unesco, ratificados por España, que oficializan esa enseñanza diferenciada, considerada por otros como una educación segregadora.
En la sesión de la Cámara Alta, Wert y el senador socialista Vicente Álvarez Areces protagonizaron uno de los duelos de la jornada. Álvarez Areces acusó al ministro de "mentir" en el Parlamento sobre la realidad de los "recortes" educativos y de esconderse detrás de "trucos semánticos", a lo que Wert replicó que las reducciones presupuestarias las toman las comunidades en función de sus competencias. "Está solo, esta ley no tiene futuro y ha generado rechazo generalizado; atienda más a la calle y a este Parlamento", instó al ministro.
La soledad del Ejecutivo en relación con la Lomce fue el principal argumento de los grupos de la oposición, que acusaron a Wert de ampararse en la "soledad parlamentaria y social" de la mayoría absoluta y le han pedido que retire la reforma. Wert reconoció que aspiraba a un mayor nivel de consenso. El Gobierno, insistió el ministro, está dispuesto al diálogo con todos los grupos parlamentarios con vistas al consenso, "respetando los elementos cardinales de la reforma", aunque sin nombrar ninguno.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, insistió en un posible recurso ante el Constitucional. Gaspar Llamazares calificó de "contrareforma" la nueva ley. "Es un texto del nacionalcatolicismo que prioriza a obispos y clientela de derechas", señaló.
