El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló ayer que el Gobierno está ultimando la reforma de la ley del aborto, que será presentada al Consejo de Ministros "antes de que termine el mes de octubre", y garantizó que respetará el "discurso histórico" del PP sobre la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. "No va a haber ningún tipo de bandazos del Partido Popular", afirmó en una entrevista a RNE, en donde recordó que el partido ya subrayó sus criterios "en relación con la regulación del aborto" en el recurso a la vigente ley, aprobada por el anterior Ejecutivo, que presentó ante el Tribunal Constitucional y va a mantener sus "compromisos".

En este sentido, aunque no concretó las novedades del proyecto de ley, Gallardón indicó que "no se distancia de lo que ha sido el discursos tradicional en defensa de la vida y los derechos de la mujer del PP, que además se adecúa a la doctrina del Tribunal Constitucional".

La norma actual, aprobado por el Ejecutivo del PSOE, permite abortar a las menores de 16 a 18 años sin conocimiento paterno en caso de conflicto, establece un sistema de plazos por el que el aborto es libre durante las primeras 14 semanas de gestación y hasta las 22 si se diagnostica que existe riesgo grave para la mujer o anomalías graves en el feto. La intención del Ejecutivo actual es una norma que se aproxime más al sistema de supuestos vigente desde 1985, por el que se permitía abortar sólo en tres casos -violación, malformación fetal o grave riesgo para su salud física o psicológica- y que proteja al no nacido en los términos definidos por el Constitucional.

Los defensores de la reforma del aborto piden al Gobierno que no demore más los trámites. Las asociaciones antiabortistas Derecho a Vivir y Foro Español de la Familia ven con buenos ojos la reforma pero esperan que esta vez el Gobierno "cumpla con los plazos". Por su parte, desde la Conferencia Episcopal aseguraron no entender "por qué se tarda tanto" y esperan que mejore no solo la legislación actual en esta materia sino también la anterior, de 1985.

Desde el PSOE, sin embargo, consideran que la nueva ley del aborto será "una escabechina para los derechos de las mujeres, que verán cómo retrocedemos a la prehistoria". "Miles de mujeres serán obligadas a la clandestinidad o a salir fuera de España para poder ejercer un derecho hoy en día reconocido", indicó la secretaria de Igualdad del partido Purificación Causapié. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo también cree que la ley llevará a la "clandestinidad" al 99,9% de las 3.000 mujeres afectadas por alguna patología fetal, como puede ser una anomalía congénita.