El servicio de transporte adaptado que puso en marcha Anxo Quintana cuando ocupaba la Vicepresidencia de la Xunta quedará ahora reducido al mínimo, puesto que verá reducida notablemente su actividad al ocuparse solo de los desplazamientos puntuales de los dependientes.

El 065, que era utilizado por más de 7.000 personas, y contaba con un total de 112 vehículos, reducirá su flota de furgonetas a menos de la mitad.

La Consellería de Benestar acaba de sacar a concurso el nuevo servicio en el que requiere a la nueva adjudicataria un mínimo de 44 autobuses en días laborales, quince los sábados y 12 los domingos y festivos.

También reducirá las áreas de prestación de servicios. Si antes el territorio se dividía en 61 zonas, ahora solo se distinguen once, lo que obligará a cada autobús a cubrir una mayor parte del territorio.

El adelgazamiento de este servicio va acompañado de un menor coste. Si en 2013 la Xunta se gastó 13 millones de euros en el 065, el nuevo contrato que ha sacado a concurso fija un importe de 3,75 millones de euros anuales.

Los centros de discapacitados son gestionados por entidades sociales y, por lo tanto, disponen de su propia red de transporte. Sin embargo, hasta ahora se beneficiaban también del servicio del 065, que ahora se limitará a traslados puntuales, de manera que la Xunta ha decidido compensar a estas organizaciones de discapacitados aumentando su financiación para que puedan sufragar parte de los costes del transporte regular de las personas con minusvalía hasta sus instalaciones.

Cada una de las entidades de atención a la discapacidad recibe una cuantía de la Xunta por cada plaza que atiende. Desde la Consellería de Benestar apuntan que el pasado mes de diciembre se cerró ya un incremento de esta aportación para que destinen una parte al transporte de discapacitados.

Según defiende el departamento que dirige Beatriz Mato, hasta ahora el traslado de personas con minusvalía a estos centros corría íntegramente a cargo de las entidades sociales, de manera que, al contar con financiación pública, podrán rebajar la cuantía que se les cobraba a los discapacitados por usar el servicio de transporte para desplazarse de sus domicilios hasta estos centros.