De negro, frente a un ataúd cubierto de libros y flores y portando una pancarta con el lema Ley Lassalle, todos a la calle, artistas, intérpretes y cineastas escenificaron ayer en Madrid la muerte de la cultura en España que, a su juicio, supone la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). La ley Lassalle, como han bautizado los creadores a la LPI en referencia al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, "da la puntilla al sector", afirmó ayer Abel Martín, director general de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (Aisge), convocante del acto junto a la Unión de Actores.
Detrás de la pancarta, y a las puertas de la Secretaría de Cultura, se ha podido ver a decenas de profesionales del sector, como Aitana Sánchez Gijón, Álvaro de Luna, Juanjo Puigcorbé, Pilar Bardem, Melanie Olivares, Asunción Balaguer o José Luis Cuerda, que han rubricado las razones de su oposición a la nueva norma con gritos de No a la ley Lassalle.
La reforma de la LPI que se votará en el Senado el próximo 7 de octubre supondrá el "golpe definitivo" al sector cultural, ya debilitado por el incremento del IVA cultural y el descenso de la inversión, según afirmaron los convocantes, que portaban pancartas con lemas como Sin cultura no hay riqueza o Sin cultura no hay marca España. Y han calificado de "expropiación forzosa" el hecho de que la nueva norma implique una reducción cercana al 45% en el reparto de las entidades de gestión a sus socios, un punto que favorece "a las multinacionales tecnológicas, cadenas hoteleras y compañías telefónicas a costa de perjudicar a los creadores y a los consumidores en general".
La LPI, en su actuales términos, "es la gota que colma el vaso del expolio cultural, una muerte lenta que está acabando con nosotros", señaló la actriz Aitana Sánchez-Gijón, vestida con una camiseta negra con el lema leylassalleNo, que han utilizado ayer centenares de manifestantes. "Somos creadores y propietarios de nuestro trabajo, un derecho que ya no se cuestionaba y sin embargo ahora ni siquiera percibimos lo que nos corresponde por ello", añadió Sánchez-Gijón.
Los creadores han subrayado que la actual LPI refrenda el nuevo modelo de copia privada, por el que esta compensación se carga a los ciudadanos a través de los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de a los fabricantes de teléfonos inteligentes, tabletas y demás dispositivos, un sector que factura 100.000 millones de euros en España y paga 1,2 millones en impuestos en España.
La nueva norma supondrá una merma de competitividad a la industria cultural española frente al resto de países comunitarios, según afirmaron los creadores, que cifran en 25.000 los puestos de trabajo perdidos en el último año, mientras otros 400.000 corren "serio peligro", aseguran. "La industria no está en peligro, está en quiebra", explicó José Luis Cuerda, para quien la LPI "nos lleva al pasado de una manera eficacísima".
