Las graves carencias de las urgencias hospitalarias de la sanidad española lo convierten en una de las áreas asistenciales donde mayor es el riesgo para la seguridad de los pacientes y donde, debido a su saturación, aumenta el riesgo de error humano y de morbilidad y mortalidad. Así lo pone de manifiesto el informe Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes presentado ayer por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y elaborado junto con los defensores del pueblo de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Navarra.
En el extenso estudio se asegura que, pese a los avances de las últimas décadas, las urgencias hospitalarias siguen presentado "inadecuaciones" algunas de ellas tan serias como que médicos residentes "asuman un grado excesivo de responsabilidad". En este sentido, se explica que los servicios de Urgencias reciben en rotación, como parte de su formación, a los médicos residentes de las distintas especialidades, sin vinculación con el servicio. Por ello, exigen "la presencia y suficiencia de profesionales adecuados" en todas las franjas horarias y denuncian la "excesiva dependencia" que hay en Urgencias de los médicos internos residentes, "que estarían supliendo en muchos momentos la insuficiencia de profesionales de las diversas plantillas implicadas".
Ante esta situación y "atendiendo a la importancia" que tienen los servicios de Urgencias, reclaman "la definición de una especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencias" que forme específicamente a estos profesionales y delimite sus competencias clínicas. Los defensores consideran, además, un "fracaso del sistema" la atención en los servicios hospitalarios de urgencia a pacientes en fase terminal. Ya que, aseguran, "no resulta posible garantizarles una muerte digna y preservar el duelo de familiares y allegados".
Alertan de la "insuficiente" formación de los profesionales sanitarios sobre los aspectos éticos relacionados con la autonomía de la voluntad de las personas y aseguran que el consentimiento del paciente no siempre está precedido de la información necesaria para que pueda adoptar libremente sobre un procedimiento terapéutico o diagnóstico, llegando incluso a que sean los médicos quienes decidan "sin la participación del paciente".
El informe también denuncia la "repetición de situaciones de saturación" en los servicios de Urgencias y critica que, tras una primera atención y a la espera de ser hospitalizados, se ubique a los pacientes en dependencias del propio Servicio de Urgencias, situación que "perturba la gestión del servicio" e impide que al enfermo se le facilite la atención que requiere.
Por ello, exigen un "uso generalizado y homologable" de los métodos de triaje -evaluación rápida que permite dar prioridad a quien necesita una atención urgente- con el fin de mejorar la planificación y la calidad de las urgencias.
Además, la compatibilidad de los sistemas informáticos de todos los servicios sanitarios y añaden que los esfuerzos que realizan las comunidades autónomas deben ir acompañados de herramientas eficaces de coordinación, cuyo impulso, advierten, "corresponde a la Administración General del Estado".
Por las condiciones de trabajo de las Urgencias, los defensores del Pueblo los consideran "entornos de riesgo por estrés laboral o lugares propicios para el desarrollo del conocido como "síndrome del trabajador quemado (burnout)" y denuncian la falta de herramientas para limitar estos riesgos.
También consideran que las urgencias deben contar con mas trabajadores sociales expertos en la atención a personas en situación vulnerable (discapacidad, riesgo social, maltrato o violencia, enfermedad mental), especialmente en los horarios de tarde y noche. Denuncian, además, la falta de garantía de la privacidad y la intimidad de los pacientes que muchas veces se produce en Urgencias, tanto por la estructura del propio servicio como por "la todavía insuficiente cultura de respeto a la privacidad en el medio hospitalario".
