Cuando se activó la ley de dependencia la mayoría de los dependientes optaron por las ayudas económicas para poder ser atendidos en su casa por un familiar. En 2009 el 43% de los casi 40.000 beneficiarios recibían esta paga económica. Y al año siguiente la cifra subió hasta los 19.000 gallegos.
Sin embargo, la crisis comenzó a mermar las arcas públicas y el sistema de atención a dependientes se empezó a tambalear. Desembolsar pagas mensuales a casi veinte mil gallegos comprometía la sostenibilidad futura de la Ley de Dependencia. Y empezaron los recortes de las pagas pero también se empezó a priorizar otro tipo de ayudas como las residencias de mayores o los centros de día. Y el número de beneficiarios en los últimos cinco años se redujo en Galicia a casi la mitad: 10.220 a fecha de julio de 2015.
En Galicia ya solo reciben una prestación económica el 24,5% de los dependientes. El resto, un 75,5%, se beneficia de un servicio. No es una mala estrategia o, al menos, eso opina la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que defendió desde el principio que se diera prioridad a residencias y centros de día en lugar de conceder ayudas económicas.
Y aquí Galicia está a la cabeza de España. Es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de dependientes que se beneficia de servicios frente a las pagas económicas. Solo Canarias supera sus cifras con un 76,7% de usuarios.
Con razón la Consellería de Benestar reclama un cambio en el sistema de financiación de la dependencia para que el Gobierno premia a las comunidades que prestan más servicios en detrimento de aquellas que apuestas por las ayudas económicas.
