Los cuatro años de aplicación del real decreto de reforma sanitaria se han saldado, según datos del Gobierno central, con la exclusión de la sanidad pública de unos 800.000 inmigrantes, cifra a la que asociaciones médicas y sociales suman otras miles de personas que, aún con derecho, se les niega la atención.
Sólo desde septiembre de 2014, la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (Reder), integrada por 300 organizaciones, ha documentado más de 2.000 casos de sin papeles que han visto vulnerado su derecho a la salud, incluidos menores, embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia. De estos casos, 541 se produjeron desde agosto y entre ellos figuran 36 niños (145 desde enero de 2014), según datos de Reder que aglutina, entre otros, a Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia o Cesida.
En 2012 el actual gobierno aprobó un real decreto que, entre otras medidas, incluía la retirada de la tarjeta sanitaria a todas las personas que no estuviesen regularizadas, con la excepción de embarazadas, niños y urgencias. En el caso de Galicia, el Sergas habilitó un registro de forma que las personas que acrediten cobrar menos que el Iprem y llevar seis meses empadronados en la comunidad tienen derecho a la asistencia.
