El juez que investiga si la dispensación de fármacos de última generación para combatir la hepatitis C se guió por criterios presupuestarios y facilitó el fallecimiento de enfermos a los que el tratamiento llegó tarde avanza en el caso y citará en calidad de testigos a los miembros de la subcomisión encargada de autorizar quiénes recibían las citadas medicinas. Así lo desveló ayer el portavoz de la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, citando un auto del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, que el 23 de febrero tomó declaración como investigados -anteriormente como imputados- por supuestos delitos de homicidio imprudente y prevaricación a Félix Rubial y Carolina Gómez-Criado, altos cargos de la Consellería de Sanidade.

No es la única decisión del juez que reveló Costas, que también anunció a los medios que también se ha requerido a la Xunta que identifique a los responsables de las compras de fármacos para poder llamados a declarar como testigos y que se ha emitido una orden para que las fuerzas de seguridad localicen a las familias de las seis víctimas que no pudieron acceder a los medicamentos antes de fallecer para informarles de las posibles acciones legales a que tienen derecho.

"Se aprecia una mayor activación del procedimiento y nosotros solo podemos celebrar que sea así", celebró Costas ante los medio tras destacar una vez más la "debilidad de muchos de los argumentos" ofrecidos por Ruibal y Gómez-Criado ante el juez.

"Los hechos son contundentes y muy tozudos. Hay personas para las que se les solicita un tratamiento que siete meses después no han recibido y que fallecieron en ese tiempo", insistió sobre el leitmotiv de la denuncia. De nuevo, señaló como causa las "razones presupuestarias". Solo en 2015, la Xunta cifró en más de 77 millones de euros el coste de un tratamiento que inicialmente ascendía a 55.000 euros y cuyo precio ha caído un 70%. El último auto judicial, sin embargo, "no cambia nada" para el Ejecutivo. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, mantuvo ayer que actuaron bajo criterios médicos en todo momento. "Estamos encantados de que se realicen cuanto antes todas las diligencias, todas las declaraciones", expuso antes de responder con un "no" a si cree que el procedimiento acabará con la apertura de un juicio oral.

"Lo que queremos es cuanto antes que se resuelva [el caso] porque es demasiado tiempo. A lo largo de las declaraciones se demostró en todo momento que [Rubial y Gómez-Criado] actuaron bajo un estricto conocimiento y dando un resultado, un tratamiento, el que era necesario en cada momento", sostuvo, según informa Europa Press.

Almuíña también aprovechó para censurar a Costas por "utilizar el sufrimiento de presos con hepatitis C". "Echaba de menos que pidiese disculpas por los datos falsos que el otro día dio sobre los presos tratados en Galicia", le afeó el conselleiro que cifró en 74, y no 18 como declaró Costas, los reclusos que reciben esa medicación en los penales de la comunidad.

Por su parte, Costas denunció ayer, con datos del Ejecutivo, que la prevalencia en los penales gallegos de esa enfermedad es del 19,4% con 661 reclusos infectados de los 3.403 existentes.