"Me parece indignante que en este país no esté legalizado el suicidio asistido y la eutanasia; si lo estuvieran, habría aquí ahora un médico conmigo, que me recetaría la medicación y moriría dulcemente. Me parece indignante que una persona tenga que morir sola y en la clandestinidad y que su familia se tenga que salir de la casa para no acabar en la cárcel". Con estas palabras se despedía el pasado domingo José Antonio Arrabal, un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que decidió grabar su muerte para reivindicar la necesidad de aprobar una ley de suicidio asistido y eutanasia, según informó ayer El País.
Arrabal -de 58 años, casado y padre de dos hijos- fue diagnosticado de esta enfermedad degenerativa e incurable en 2015 y llevaba meses planeando su suicidio, que llevó a cabo a través de la ingesta mediante una pajita de dos frascos de medicamentos adquiridos por internet. Este caso reabre el debate sobre la necesidad de aprobar una ley de suicidio asistido y eutanasia que despenalice la "colaboración necesaria" para que una persona pueda poner fin a su vida por decisión propia. Precisamente la semana pasada el Congreso dio luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Ciudadanos para garantizar la dignidad de los pacientes ante el proceso final de su vida.
"Por supuesto que debería de ser una decisión libre; cada persona tendría que poder elegir su forma y su momento de vivir y de morir; es muy injusto que la gente tenga que morir de forma clandestina", opina Tita García, una enferma gallega de ELA. A sus 45 años, Tita tiene ya dañada el habla, aunque de momento el resto de su movilidad permanece intacta. Tesorera de la Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela), es una mujer muy activa y no duda en "llamar a todas las puertas" para mejorar la situación de estos pacientes. Reclama también que los enfermos ELA y de otras enfermedades degenerativas tengan "un apoyo psicológico mucho mayor; contar con personal especializado en este aspecto es muy importante".
También el presidente de la asociación, José Fraga, apuesta porque se apruebe una ley que "permita a cada persona elegir el momento en el que desea morir". Sin embargo, reclama sobre todo "aumentar la investigación y conseguir resultados positivos, tal y como se ha logrado con otras enfermedades".
El caso de Arrabal, con cierto grado de autonomía, ha sido diferente al del gallego José Luis Sampedro, que estaba tetrapléjico, y en el que "quedaba claro" que no podía haber llevado a cabo su suicidio sin la "cooperación necesaria". Aún así, a partir de este momento, intervendrá un magistrado al considerarse una muerte violenta para descartar que se haya cometido un delito, explica Fernando Marín, doctor y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. "En este caso no hay ninguna duda sobre la participación de un tercero que pueda suponer un delito y el caso será sobreseído", añade este experto.
Víctor Torrado, psicólogo clínico, vocal del Comité de Ética Asistencial de la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña y vocal del Colexio Oficial Psicoloxía de Galicia, opina que la legalización de la eutanasia "no ha estado nunca encima de la mesa de la agenda política de manera seria y explícita". "Sin embargo, parece existir una demanda social mayoritaria en este sentido a tenor de las encuestas de opinión. Personalmente, creo que es necesario y hasta urgente abrirlo (no reabrirlo) y regular de una manera rigurosa y comprometida el derecho a la muerte digna. Saber que uno tiene derecho a abreviar su vida rodeado de los suyos cuando las posibilidades de abordaje sanitario se hayan agotado o revelado infructuosas y antes de que el sufrimiento llegue a hacerse insoportable contribuiría a dotar de cierta serenidad la vida de estas personas y sus familias", destaca. Por otra parte, coincide en que el tratamiento de este tipo de enfermedades "debe ser interdisciplinar. Sin embargo, los aspectos psicológicos están inexplicablemente desatendidos".
