Las comunidades, quitando contadísimas excepciones -las de Madrid y Euskadi- se han puesto de acuerdo con el Gobierno en la necesidad de priorizar las clases presenciales el próximo curso, mantener el calendario escolar e impulsar la digitalización, además de en otros once puntos. Lo "genérico" . Pero cuando el debate ha llegado a la letra pequeña sanitaria y han tenido que echar cuentas, las diversas comunidades autónomas han manifestado su disconformidad con los planes de la Administración central. Entre ellas Galicia, cuya Consellería de Educación, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de ayer, cuestionaba propuestas como las difundidas el miércoles por el Gobierno central, que sugería conformar grupos estables de quince o 20 niños, como mucho, entre los más pequeños, para que pudiesen socializar sin distancias y sin mascarilla.
Frente a estos grupos o "agrupamientos posibles para facilitar las medidas de prevención" de los que habla el Gobierno central, la conselleira de Educación, Carmen Pomar, defiende que "lo más importante es no fragmentar los grupos de referencia establecidos en el aula". Pero no solo porque se trata de vínculos entre niños y de representar "mayor seguridad socioemocional" para ellos tras varios meses separados de sus compañeros habituales.
La conselleira añade que "además, una reducción excesiva de alumnado por aula precisaría de recursos que en estos momentos no están contemplados en los fondos anunciados por el Ministerio", no solo para ampliar profesorado, sino por espacios.
Desde el Gobierno gallego explican que la estimación de costes para reducir los grupos superaría la previsión de 120 millones de euros que le tocarían a Galicia de los 2.000 anunciados por el Gobierno para afrontar la situación. Pomar pidió a la ministra concretar el importe y si debe tener un destino concreto. Tras el encuentro, Celaá señaló que se trata de una entrega de recursos para "reforzar" el sistema educativo y las decisiones sobre su destino "concreto" corresponden "a cada administración autonómica".
Aunque la ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguraba ayer que los números que proponen (los quince a 20 alumnos) "no son ratios", que vienen recogidas en la ley, sino recomendaciones, "agrupaciones flexibles convivenciales que funcionen a modo de familia" planteada como "alternativa" de trabajo para "los niños pequeños" y "no de obligado cumplimiento", las comunidades no han suscrito la propuesta sanitaria del Gobierno.
Hasta el punto de que el documento base elaborado por Educación junto al Ministerio de Sanidad con medidas de higiene y seguridad para "garantizar un curso seguro", será trabajado, como indican desde el departamento de Celaá, "conjuntamente con las comunidades y las autoridades sanitarias para alcanzar una propuesta consensuada". De hecho, ante las demandas de varias autonomías, hubo que desvincular este documento del acuerdo educativo suscrito ayer.
Al respecto, la conselleira de Educación, Carmen Pomar, demanda, y pide que así conste en la propuesta de acuerdo formulada ayer, que "el marco de referencia sanitario" para la enseñanza sea el Real Decreto Ley para hacerle frente al Covid-19 y su artículo 9, relativo a los centros educativos. Según Pomar, Galicia ha solicitado que las cuestiones sanitarias sean una "prioridad" y vayan en "la línea" de lo establecido en dicha normativa (en donde se establece la distancia interpersonal de 1,5 metros o, de no ser posible, medidas de higiene "adecuadas" para prevenir los riesgos de contagio) y las recomendaciones de la OMS.
En todo caso, la ministra recalcó lo de los 1,5 metros de separación entre alumnos y sugirió que los centros deberían recurrir a la "optimización" de espacios o a buscarlos en otras administraciones.
En el documento de medidas de prevención auspiciado por el Gobierno central que no salió adelante, además de los grupos estables de quince o 20 alumnos, se fijaban otras recomendaciones, como el priorizar a los alumnos de hasta catorce años a la hora de mantener la presencialidad si hiciera falta por la evolución de la pandemia, el establecer un protocolo en Salud Pública para cerrar de forma transitoria aulas o colegios enteros en caso de brote o "aumento" de la transmisión comunitaria o el que "si fuera necesario por la evolución epidemiológica o la falta de espacios se podrá contemplar una modalidad mixta" de enseñanza.
El documento acordado por las comunidades, el "genérico", como lo denominó Pomar, también alude a estas cuestiones, pero sin concretarlas. Por ejemplo, se apunta que "en el marco que establezcan las administraciones educativas", los centros deben preparar un plan de inicio de curso de cara a su organización del centro que mejor se adapte a la nueva normalidad, donde se incluirían horarios y espacios.
El resto del acuerdo pactado entre quince autonomías incluye, entre otros, los siguientes puntos: el mantener el calendario escolar, con un total de 175 jornadas lectivas; el que la actividad presencial se adopte como "principio general"; el adaptar las programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes no alcanzados; el establecer planes de seguimiento y apoyo para alumnado con las mayores dificultades y medidas para reducir la brecha tecnológica o el ofertar en los centros los servicios "habituales", "especialmente transporte y comedor", en condiciones de seguridad.
En todo caso, entre los catorce puntos que han sido pactados por las comunidades autónomas está que las administraciones educativas "seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias" y deberán disponer de un plan B de contingencia para hacer frente a las eventualidades.
