La nueva realidad generada por la pandemia de SARS-CoV-2 trae consigo nuevas barreras para las personas con movilidad reducida que se añaden a las ya existentes. La separación de las mesas en las terrazas, las filas para acceder a comercios o el cierre de los baños accesibles en los espacios públicos son algunos de los nuevos obstáculos que deben sortear los miembros de ese colectivo en la actualidad. Así lo denuncia la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) en el marco de su campaña 12 Chaves da inclusión, dedicada este mes a la accesibilidad, y en la que insta al conjunto de la ciudadanía a respetar los espacios públicos "para que las personas con movilidad reducida y los mayores se puedan desplazar sin impedimentos".

"En esta nueva normalidad, los espacios públicos están siendo ocupados frecuentemente por filas de personas que esperan el acceso a establecimientos y por terrazas que ahora se extienden más en las aceras para mantener las distancias de seguridad. Si a esto se añade la necesidad de cumplir con el distanciamiento social, existe el riesgo de que no se respeten los espacios en las aceras para una movilidad autónoma, cómoda y segura entre las personas con discapacidad física o los mayores", avisa el presidente de Cogami, Anxo Queiruga.

La organización gallega, en colaboración con otras entidades españolas que representan a las personas con discapacidad, analizó las principales barreras que pueden encontrar los miembros de este colectivo durante el plan de transición. La normativa de accesibilidad vigente recoge que debe haber 1,80 metros de separación entre las terrazas y los espacios peatonales, una distancia que, según Cogami, "no siempre es respetada al ampliar el espacio entre las mesas.

"No estamos en contra de la hostelería ni de que mejore la actividad económica, al contrario. Pero hay que tener en cuenta que somos una sociedad diversa, en la que conviven todo tipo de personas. En el caso de Galicia, el 10% de la población sufre algún tipo de discapacidad, y prácticamente el 4% de esos ciudadanos -sin contar a los mayores-, tienen movilidad reducida. Urge, por tanto, fomentar una convivencia amable, respetándonos los unos a los otros. Y respetarnos es también cumplir las normas. Entiendo que puede haber momentos y situaciones puntuales en las que quizás no pueda quedar libre un espacio de 1,80 metros, pero eso no quiere decir no dejar ni 70 centímetros de separación. No podemos ir de un extremo a otro", subraya Queiruga.

La organización que preside llama también la atención sobre las medidas de prevención adoptadas para evitar la propagación del SARS-CoV-2 que, al ser obligatorias, "deben cumplir con las normas de accesibilidad en igualdad para todas las personas", como la colocación de dispensadores de higienización y su localización, la disponibilidad de colectores sin pedal para la eliminación de residuos y el uso de mascarillas. "Nuestra intención no es atacar a nadie, únicamente trabajamos para defender los derechos de las personas con discapacidad", reitera Queiruga, y tira de su propia experiencia para dar cuenta de las nuevas dificultades a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida en la actual situación. "Hace unos días fui a la playa, y cuando me disponía a entrar en los baños públicos accesibles, estaban cerrados con la excusa de la pandemia. Las personas con problemas de movilidad, como es mi caso, no podemos hacer nuestras necesidades en cualquier sitio. Tengamos sentido común y pongamos los recursos en funcionamiento para facilitar la accesibilidad", reclama.

El presidente de Cogami urge a sensibilizar a la ciudadanía sobre la inseguridad que genera la nueva normalidad a las personas con discapacidad. "Todos los ciudadanos nos estamos enfrentando a una situación nueva y compleja, pero las personas con discapacidad tenemos una serie de dificultades añadidas. En muchos casos, de movilidad y, en otros tantos, de dolencias crónicas asociadas a esa discapacidad física", recalca Queiruga, quien recuerda que la situación confinamiento de muchas personas con movilidad reducida "ya se daba desde antes de la pandemia", al igual que la existencia de barreras en el tránsito por las calles. "Desde el movimiento asociativo reivindicamos la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal y que las administraciones hagan un seguimiento del cumplimiento de la norma. En Galicia, los grupos parlamentarios dieron luz verde por unanimidad a la ley de accesibilidad, en 2014, con un plazo de 24 meses para la redacción y aprobación de un decreto que, a día de hoy, no ha salido adelante aún pese a ser vital para el desarrollo de la ley", avisa.

"Los espacios públicos deben ser lugares de convivencia para todas las personas en igualdad de condiciones", insiste el presidente de Cogami, de ahí que otras medidas que propone la organización sean la realización de estudios previos de accesibilidad en obras o proyectos de infraestructuras; la aprobación de un plan integral de accesibilidad autonómico; o la mejora de la señalización de los edificios públicos para facilitar la orientación y comprensión a todas las personas, entre otras.