El magistrado Alfonso Villagómez Cebrián ha planteado ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra el régimen sancionador del estado de alarma declarado por el Gobierno el pasado 14 de marzo. Según el juez ourensano del contencioso administrativo de Madrid, tanto las infracciones como las sanciones aparejadas durante el primer estado de alarma, infringen el derecho fundamental a la legalidad sancionadora proclamado en el artículo 25 de la Constitución.

Para Villagómez, en el decreto de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria no se regularon mínimamente las infracciones ni tampoco las sanciones, remitiéndose en bloque a una legislación indeterminada, por lo que se vulneran los principios de tipicidad y certeza.