“Urge una modificación inmediata de la ley de inclusión social que garantice unos ingresos a la personas en situación de pobreza, y que esto se acompañe de medidas de acceso al empleo y la vivienda”, subraya Eloína Ingerto López, presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés), quien asegura que la pandemia de COVID ha dejado especialmente noqueados a colectivos con otros factores de exclusión, y llama la atención sobre el impacto de la actual crisis en hogares con menores y dependientes a su cargo. “Las administraciones deben poner el foco en complementar los ingresos de las familias que se encuentran en una situación de pobreza severa, mejorando la coordinación y acortando la burocracia”, apunta, y remarca: “Es fundamental que todos estemos a la altura de la situación, y que más allá de colores o ideologías políticas, pongamos a las personas en el centro, por encima de todo lo demás”.

¿En qué escenario trabajaban las entidades sociales que integran EAPN Galicia antes de la crisis provocada por la pandemia de COVID?

Antes de la emergencia sanitaria, las organizaciones del Tercer Sector llevábamos años trabajando en una situación de crisis económica. En la última década, tanto en Galicia como en el conjunto de España se venía registrando un número muy elevado de personas en situación de exclusión severa. Solo en nuestra comunidad, en torno a 212.000. Había muchísimos ciudadanos al margen, cuya situación se estaba empezando a recuperar muy lentamente, y el COVID lo volvió a echar todo por tierra.

¿Cuál es el panorama actual?

Con la pandemia hemos constatado un agravamiento de la situación de los colectivos más afectados durante la anterior crisis económica, como las mujeres, los jóvenes o los niños, y especialmente de los que tienen otros factores de exclusión añadidos, como las familias monoparentales con varios hijos, las personas con discapacidad o los mayores, especialmente los que sufren algún grado de dependencia, entre otros. A nivel social el panorama es preocupante, aunque todavía no disponemos de datos concretos.

¿Qué problemas 'ahogan' a esos colectivos?

El acceso al empleo y la vivienda, que aspira las rentas. Tenemos un grave problema en relación con el desembolso que supone el pago de un alquiler, la inserción laboral y la cobertura de unos ingresos mínimos. Subsidios como la Risga o el ingreso mínimo vital (IMV), para familias con menores o dependientes a su cargo, son insuficientes.

¿Qué medidas concretas urgen en el contexto actual?

Algo que llevamos reivindicando desde el inicio de la pandemia de COVID, cuando se empezaron a implementar el IMV y la Risga, es que se blinde el presupuesto de esta última prestación para complementar los ingresos de las familias en situación de pobreza severa. Sobre todo, insisto, si hay menores o personas dependientes a su cargo. También pedimos que se incremente la cobertura de IMV para poder llegar a personas que actualmente no reciben ninguno de los dos subsidios, y que todo esto se acompañe del derecho a la inclusión laboral. Garantizar unos ingresos mínimos, y continuar trabajando para favorecer el acceso al empleo.

¿Algo más?

Otra cuestión que ya veníamos denunciando antes de la emergencia sanitaria, y que sigue sin resolverse, es la falta de coordinación y el exceso de burocracia institucional a todos los niveles (estatal, autonómico y local), que son una losa sobre las personas en situación de exclusión. Y urge también potenciar la colaboración con las entidades del Tercer Sector.

¿Qué nota pondría a la actuación de las administraciones, y en concreto a la Xunta, durante esta pandemia?

No me atrevería a poner una nota a las administraciones, porque nuestro nivel de exigencia es alto y creo que no sería objetiva. No obstante, igual que hablo de las carencias del sistema, es justo decir que durante la pandemia de COVID también se han tomado algunas medidas que han contribuido a dar una respuesta rápida a las necesidades de las personas en situación de exclusión.

¿Cuáles?

Una de ellas sería la tarjeta-monedero (Tarxeta Básica) de la Xunta. Esta ayuda urgente para cubrir necesidades muy básicas es un claro ejemplo de que la burocracia se puede acortar, y desde EAPN Galicia creemos que se debe seguir en esa línea. Ahora mismo faltan agilidad, comunicación y acuerdos, porque las administraciones se lanzan la pelota y esto es algo que no nos podemos permitir. La coordinación y el compromiso deben ser efectivos, y con urgencia, porque la emergencia social así lo requiere.

¿Cómo sobrellevan las organizaciones del Tercer Sector toda esta situación?

A las entidades la burocracia también nos asfixia y nos obliga a realizar un esfuerzo mayor cuando detectamos necesidades urgentes. En ese contexto nos tenemos que manejar también de cara a la sostenibilidad de los proyectos, una inquietud con la que estamos lidiando siempre. Nuestra labor complementa a los servicios públicos, somos una parte fundamental dentro del pilar de los servicios sociales y debemos continuar ahí, por eso reclamamos, en paralelo, la puesta en marcha de una ley del Tercer Sector, que regule nuestro papel: nuestra participación política y técnica, también en los procesos de inclusión, el financiamiento estable asociado a resultados, etc.

En una entrevista publicada recientemente en este diario, el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Galicia, Luciano Fernández, hacía especial hincapié, también, en esta última cuestión.

Es que es un punto fundamental, igual que lo es el reconocimiento activo de la participación del Tercer Sector. Y esa cuestión del financiamiento ha de tenerse en cuenta, ahora también, en aspectos concretos, como los fondos europeos de reconstrucción. Ahí hay una parte de cohesión social, inclusión y lucha contra la pobreza, que también requiere ese diálogo con las organizaciones que desde EAPN Galicia venimos reclamando. Que esa “cogobernanza” de la que tanto se habla sea real, tanto a nivel estatal, como en nuestra comunidad. El reconocimiento al Tercer Sector debe canalizarse a través de una ley que reivindique y regule su papel.

En el ámbito sanitario, el foco está actualmente puesto en la vacunación frente al COVID. ¿Les consta si se está inmunizando a quienes no tienen todos los papeles en regla?

Las personas que ya están dentro del sistema, porque llevan más de 90 días empadronadas en Galicia, son vacunadas frente al COVID por rango de edad. Para quienes llevan menos tiempo en nuestra comunidad y se encuentran en una situación administrativa irregular, se ha establecido un procedimiento interno, consistente en llamar a un número de teléfono, para darse de alta e incorporarse, también, a ese sistema de inmunización por edad. La duda que tenemos es si este procedimiento está siendo efectivo, es decir, desconocemos todavía si la respuesta que se está dando a esas personas es la adecuada, si se está logrando llegar a ellas y desde dónde. Entendemos que esto se debe asegurar a través de los servicios sociales, y desde la entidades del Tercer Sector, por eso estamos muy pendientes ante posibles incidencias.