El Consejo de Ministros aprobó ayer la amplia reforma de la ley del aborto, que no sólo prevé blindar el acceso a este derecho en la sanidad pública y que las menores de 16 y 17 años no tengan que contar con el permiso paterno, sino que crea en España nuevos derechos: una baja menstrual para mujeres con reglas dolorosas; otra por aborto tanto voluntario como involuntario y un permiso a partir de la semana 39 de gestación, justo siete días antes de que el embarazo llegue a término.
Finalmente, la baja por menstruación requerirá que la mujer haya sido diagnosticada del conjunto de enfermedades que crean dismenorrea, como endometriosis, miomas, quistes, etc. En un inicio Igualdad quería reconocer este derecho también a quienes sufren fuertes dolores pero sin una enfermedad asociada, dado que no siempre los médicos encuentran el motivo, pero el anteproyecto aprobado incluye un listado de dolencias que darían pie a la baja, lo que minimiza mucho el número de mujeres que podrán acogerse.
Eso sí, la baja será financiada desde el primer día por el Estado mientras que los otros dos permisos el primer día lo costeará la empresa y el resto la Seguridad Social. Y es que el Ministerio de Igualdad diseñó una reforma más ambiciosa, en la que se incluía una rebaja del IVA de los productos menstruales; la derogación de la ley del 2010 para evitar el recurso que el PP presentó ante el Constitucional, y que los tribunales pudieran perseguir a las parejas que recurran en el extranjero a la gestación subrogada. Pero estos aspectos se han quedado fuera del anteproyecto en la etapa final de la negociación con el ala socialista del Ejecutivo.
El Ministerio de Inclusión y la vicepresidenta económica mostraron sus reticencias pero finalmente el viernes se acordó que serán financiadas íntegramente por el Estado, como propuso Igualdad, para tratar así de minimizar la posible discriminación de las mujeres en el mercado laboral. Los otros dos permisos no han corrido la misma suerte y el destinado al embarazo ha sido rebajado de la semana 36 a la 39 de gestación, pese a que muchas mujeres dan a luz antes.
Ante las dudas por la baja menstrual que han expresado sindicatos y expertos, Montero señaló: “Lo que hace esta ley es que la mensturación deje de ser algo asociado al estigma, que se entienda como parte de la salud y que podamos sentir que las instituciones están ahí para garantizar los derechos”. La ministra detalló que la norma tiene un coste de 104 millones de euros, 57 para el permiso antes del parto, casi 24 millones para las bajas menstruales y el resto para las otras medidas.
Por primera vez, una ley dedica un capítulo a los derechos relativos a la salud menstrual en todas las etapas de la vida. Además de la baja a la que podrán acogerse mujeres con reglas dolorosas, que no requerirá un mínimo de cotización y deberá ser prescrita por un médico, se repartirán gratuitamente productos de salud menstrual en institutos, prisiones, centros sociales y organismos públicos para luchar contra la pobreza menstrual.
El anteproyecto refuerza la impartición de educación sexual en los centros educativos que ya incorporan otras normas como la ley Celaá. Además, se repartirán de forma gratuita anticonceptivos en los colegios e institutos o en los centros penitenciarios. Se crearán centros de atención en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica. Y se formará a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.
La ley considerará violencias en el ámbito reproductivo los abortos y embarazos forzados y anticoncepción y esterilización forzosas. Asimismo, el texto legal calificará como forma de violencia contra las mujeres la explotación reproductiva, esto es, los vientres de alquiler. Igualdad planteaba cambiar la jurisdicción del tipo penal para que pudieran ser perseguidas estas prácticas también en el exterior, aunque este extremo no ha contado con el visto bueno necesario para salir adelante.
La ley garantiza el aborto en la sanidad pública y pone énfasis en que la prestación debe acometerse cerca del domicilio. Para ello, crea un registro de objetores, similar al de la ley de eutanasia. Asimismo, eliminará los tres días de reflexión y la entrega de un sobre con información como requisito de acceso.
La violencia obstétrica queda fuera de la norma
La futura reforma de la ley del aborto no incluirá el término violencia obstétrica para referirse a las malas praxis contra las mujeres en el embarazo y el parto, una nomenclatura reconocida internacionalmente, pero que suscitaba una gran resistencia en la comunidad médica. Junto a la negativa a bajar el IVA de tampones y compresas, la retirada de este término es la segunda renuncia más importante que ha tenido que afrontar Igualdad en la negociación de la reforma. Desde el inicio de la discusión de la norma en el seno del Gobierno de coalición, este ha sido uno de los aspectos que ha suscitado mayores diferencias entre los socios. Fuentes de Igualdad indican que hubieran querido incorporar la violencia obstétrica al ordenamiento jurídico, pero reconocen que son “la parte pequeña del Gobierno” y que ni Sanidad ni Justicia “se sentían cómodos” con este término. Aunque no hablará de violencia obstétrica, la futura norma sí recogerá políticas destinadas a la prevención de estas malas praxis (como pueden ser las cesáreas innecesarias o el abuso de las episiotomías) y a la formación de profesionales en materia de atención al parto respetuoso y no intervencionista , así como el impulso de un protocolo común de actuaciones para que todos los centros públicos de todas las comunidades autónomas tengan que cumplir una serie de buenas prácticas en esta materia. En la actualidad, los protocolos varían en cada centro. La norma se refiere a intervenciones ginecológicas y obstétricas adecuadas como aquellas que promueven y protegen la salud física y psíquica de las mujeres en el marco de la atención a la salud sexual y reproductiva, evitando las intervenciones inadecuadas o innecesarias. La ley también obligará a recoger datos sobre intervenciones como cesáreas, lo que permitirá, en palabras de Igualdad, “que haya políticas públicas mucho más efectivas” en esta materia.
