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ANUARIO 2022

Accidente del Alvia: llega el juicio 9 años después

La vista oral arrancó el 5 de octubre y se prolongará hasta mayo en lo que es el mayor proceso judicial por el mayor siniestro ferroviario de la democracia

Francisco Garzón (con mascarilla) y Andrés Cortabitarte, a la derecha, durante el juicio. | // X. ÁLVAREZ

El 5 de octubre arrancó el mayor proceso judicial celebrado en la historia de Galicia. El motivo: determinar las responsabilidades penales y civiles del accidente del tren Alvia, producido en julio de 2013 que se saldó con la muerte de 80 viajeros y 145 personas heridas. Algo más de nueve años después del siniestro se inició la vista oral, que al menos durará hasta mayo debido al elevado número de comparecientes.

De hecho, hay en total 446 personas perjudicadas que reclaman, las cuales están agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Además, hay 53 perjudicados que no están representados por abogado y procurador, por lo que la acusación la ejercerá el Ministerio Fiscal. Con este volumen de partes implicadas se hacía imposible que en los juzgados de Santiago pudiera celebrarse un juicio en el que cada uno de los letrados tiene derecho a asistir presencialmente a la vista, por lo que se está celebrando en la Cidade da Cultura.

Ante estas cifras, la Fiscalía Superior de Galicia sostiene que el juicio del Alvia “no tiene precedente debido a su complejidad y al número de testigos y peritos citados”, casi 700.

En el banquillo se sientan dos acusados. Por una parte, el maquinista, Francisco Garzón, que se despistó al recibir una llamada telefónica del interventor y no frenó el tren a tiempo para afrontar la curva de Angrois. El convoy circulaba a 200 kilómetros por hora y la velocidad de paso por Angrois era de 80 km/h. El tren entró a 180 y descarriló.

El segundo procesado es Andrés Cortabitarte, el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif durante la puesta en servicio de la línea Santiago-Ourense en la que volcó el Alvia.

El fiscal pide para cada uno de ellos penas de cuatro años de prisión. De determinar las responsabilidades en el mayor accidente ferroviario de la democracia en España se encarga la jueza Elena Fernández Currás, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago.

La parte penal del proceso —llega hasta febrero— ya ha superado su ecuador, confirmando unas estrategias muy claras por parte de las defensas que ya se habían puesto de manifiesto durante la fase de instrucción.

El maquinista asume su error, perdió la “conciencia situacional” con la llamada telefónica, pero desvía la atención hacia Renfe, por considerar que recibió una formación incompleta, y hacia Adif, por no tener señalizada la curva de Angrois ni haber evaluado los riesgos ni adoptado medidas de seguridad para paliar un eventual error humano, ya que el frenado de 200 a 80 km/h se hacía bajo la responsabilidad exclusiva del maquinista sin contar con ningún sistema de apoyo.

Pero en la defensa de Cortabitarte se juegan otros intereses aparte de la culpa —o no— del procesado, que no son otros que intentar que Adif salga indemne del juicio para no perjudicar la proyección internacional y los negocios del sector ferroviario español. Por eso, Cortabitarte tiene su abogado particular y de la defensa de Adif se encarga la Abogacía del Estado con toda la artillería que esto significa.

Su estrategia se basa en acusar al maquinista del accidente y a Renfe, y a sostener que toda la seguridad de la línea Ourense-Santiago se hizo de acorde con los reglamentos y normas que había en su momento y que si no se pudo prever un accidente así es porque nunca antes se había evaluado un riesgo del calibre en que el maquinista desatendiera por completo la conducción.

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