El Gobierno mantiene la nueva ABAU que las universidades ven “inviable” el próximo año

En menos de un mes, los alumnos que superen 2º de Bachillerato y quieran proseguir estudios en alguna facultad se enfrentarán a una selectividad que será similar a la de los últimos años y que, por lo tanto, les resultará familiar. Sin embargo, es un formato que el Ejecutivo gallego cuestiona por entender que presenta un “problema” de “desigual exigencia de los exámenes y de los criterios de corrección”. Veía una oportunidad para solventar esa carencia que denuncia desde hace años en la nueva prueba que prepara el Gobierno para 2024, pero la propuesta tampoco la convence porque, sostiene, no aborda ese aspecto.

Los responsables de las pruebas de acceso y admisión de las universidades de todo el Estado y la CRUE (Conferencia de Rectores) también reprochan al Ministerio de Educación que las prisas por implantar la selectividad reformada, de carácter más competencial, “impedirán” que los estudiantes se examinen “en condiciones de igualdad y equidad”, al juzgar que los campus no dispondrán del sosiego preciso para una preparación “completa” de las pruebas. Añaden que tampoco hay “tiempo material” para que los centros organicen “adecuadamente” una programación de cara al curso que viene “ni para que impartan con garantías la formación previa” a los alumnos. Por ello, organismos como la CIUG de las 17 autonomías proclaman que es “inviable” hacer la nueva ABAU en 2024 y conminan a una “moratoria”.

Pero no es el único argumento que utilizan todas las universidades públicas del Estado, unidas otra vez en una sola voz después de presentar en bloque en marzo alegaciones unánimes que no han sido tenidas en cuenta todo lo que les gustaría en el borrador del real decreto que regula el futuro acceso a los sus centros. En particular, el Gobierno no recoge sus demandas de aplazar la nueva prueba o de acortar la duración de los test.

De hecho, aunque las universidades intensificaron ayer sus reclamaciones de aplazamiento —la Xunta también lo solicitó el pasado noviembre— e insistieron en que ven “imprescindible” retrasar a 2025 el inicio del calendario de implantación del nuevo sistema, el Ministerio de Educación trasladaba su intención de mantener en 2024 el estreno de un nuevo formato que irá hacia una incorporación progresiva de un modelo competencial, según informan a Europa Press fuentes del departamento dirigido por Pilar Alegría.

Si bien la CRUE reconoce la “disposición favorable” del Gobierno a atender parte de sus alegaciones, se queja de que el texto propuesto “todavía resulta insuficiente para regular” con “la completitud, la seguridad y el rigor que sería necesario” unas pruebas de las que resalta su “repercusión social”. Los rectores proclaman que no es “realista” afirmar que existe “suficiente” tiempo para poner en marcha la experiencia en 2024.

Subrayan que, de mantener esa fecha, se “perjudicará gravemente al estudiantado que este curso esté matriculado en 1º de Bachillerato”. Se trata de unas pruebas, enfatizan desde los campus, que constituyen un “elemento fundamental” para el “futuro” de miles de estudiantes y de su preparación y ejecución “dependen sus esperanzas y expectativas” y las de sus familias.

“El estudiantado sufrirá, en general, un mayor estrés y prolongará su incertidumbre en el resultado de su proceso de admisión a la universidad”, advierte la CRUE. Ese aspecto lo relaciona con otro de sus grandes peros a la reforma gubernamental: la duración del examen. Frente al Gobierno, que amplía el tiempo a los 105 minutos, los campus abogan por mantenerlos como hasta ahora, en 90. Para los rectores, que sea una prueba competencial no requiere “necesariamente” un aumento de tiempo. Prolongarlo, avisan, supone complicaciones añadidas. Entre ellas, mencionan que obligará a ampliar los días dedicados a las pruebas, con un efecto directo de “retraso” sobre los procedimientos de preinscripción, admisión y matrícula. Advierten incluso de que esa mayor duración de la fase ordinaria “podría implicar” el tener que desplazar otra vez la convocatoria extraordinaria a septiembre.

Además, como ya habían alertado al presentar las alegaciones, será el alumnado con necesidades educativas especiales el que acusará “más gravemente” este aumento de tiempo, “comprometiendo su rendimiento” en el test, lo que supone, dicen, “un retroceso en las políticas de inclusión”.

La CRUE, que muestra su “compromiso” y su “voluntad” de trabajar para “optimizar” unas pruebas “que tanta repercusión tienen”, también cuestiona modificar el sistema de reclamación. El Gobierno propone que el estudiante elija entre revisión y doble corrección y los campus replican que el procedimiento actual garantiza los derechos del alumno a la vez que aporta más agilidad al proceso.

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