Galicia supera los 300 sanitarios que se niegan a practicar la eutanasia, el doble que hace dos años

Ya son 312 los sanitarios gallegos que se han acogido a la objeción de conciencia desde la promulgación de la Ley de Regulación de la Eutanasia en marzo de 2021. Desde entonces, los profesionales que se niegan a practicar la muerte asistida no han hecho más que aumentar. Tal y como confirma el Servizo Galego de Saúde (Sergas), la cifra a cierre del pasado febrero es de 271 profesionales que ejercen en la sanidad pública, lo que supone un 9% más que el año pasado, cuando se contabilizaban 249; y más del doble que en el 2022, año en el que ascendían a 128 objetores. Sin embargo, el total se eleva hasta los 312 sanitarios si se tienen en cuenta los profesionales del hospital privado Povisa, en Vigo, que tiene convenio con el Sergas para atender a los pacientes del área metropolitana de esa ciudad. En concreto, son 41 los objetores del servicio concertado.

Con todo, el Sergas señala que la cifra puede variar puntualmente, ya que, cuando se practican este tipo de procedimientos, siempre se consulta al personal sanitario sobre si quiere mantenerse al margen del proceso, sea o no objetor de conciencia.

Entre los objetores no solo figuran médicos, sino que hay enfermeros, celadores o psicólogos. A día de hoy en Galicia hay 79 solicitudes para recibir la eutanasia y hasta la fecha se practicaron 28 fallecimientos asistidos en la comunidad.

Este aumento de objetores no sorprende a colectivos como la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que ve esta subida como algo “lógico”. “A medida que se cumplen años de la entrada en vigor de la ley, es normal que el número de profesionales se adscriban a la objeción”, señala el representante de DMD en Galicia, Miguel Anxo García. A pesar de esto, apunta que la Administración ha de garantizar en todo momento el ejercicio de derecho de la eutanasia.

Situación normalizada

García afirma que la situación de la muerte asistida en la comunidad gallega se está “normalizando”. “Ya no nos llegan tantas quejas de retrasos como al principio de la aplicación de la ley [en el año 2021] y percibimos que hay mayor normalización al respecto”, dice el representante, que, pese a ello, reprocha a las instituciones la falta de transparencia en cuanto a la publicación de las cifras de la eutanasia.

“Los últimos informes que emitió la Xunta a finales de año son muy poco exhaustivos. Las cifras son fundamentales para que la sociedad pueda hacer un diagnóstico completo del tema”, denuncia. Por imperativo legal, la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia de Galicia está obligada a presentar un balance de la prestación en la comunidad cada año.

En concreto, García pide que se hagan públicas las cifras de demandantes de eutanasia que fallecieron en medio del proceso de solicitud y apunta que, a pesar de que la burocracia sea “esencial” cuando se trata de una decisión tan importante como la vida de una persona, hay muchos casos en los que el papeleo “se podría agilizar”.

Otra de las demandas que hace García a la Administración es más ayuda psicológica para los sanitarios. “Es una situación que se sale de la cotidianidad de la vida regular médica”, dice el representante. “El personal que se involucre en estos procesos necesita más apoyo formativo para gestionar sus emociones ante estas tesituras. No es sencillo enfrentarse a este tipo de situaciones”, incide.

Suscríbete para seguir leyendo