El Sergas tendrá que indemnizar a la familia de un joven que se suicidó en el Hospital de Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y un juzgado de Vigo condenan al Servizo Galego de Saúde (Sergas) al pago de distintas indemnizaciones tras denuncias de familiares de pacientes fallecidos, en un caso por retraso en una ambulancia y en otro por el suicidio de un paciente con problemas psiquiátricos. El fallo del TSXG, al que tuvo acceso Europa Press, declara la existencia de responsabilidad patrimonial y obliga a la Administración al pago, por el retraso en una ambulancia, de 15.000 euros a la hija de un hombre fallecido en Moaña (Pontevedra).

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra desestimó la petición de la familia, que alegó deficiente atención sanitaria después de que el hombre falleciese, en diciembre de 2017, tras una parada cardiorrespiratoria en su domicilio.

El fallo recoge que la hija con la que convivía hizo una primera llamada al 061, cuya base está cerca de su domicilio en Moaña, comunicando, además, la enfermedad de corazón de su padre. Hubo una segunda llamada al 112 quince minutos después. En ella, le indicaron que le hiciese un masaje cardíaco mientras no llega la ambulancia. Un vecino, hizo, veinte minutos después de la primera, otra llamada al 061. La ambulancia llegó media hora después, constatando el fallecimiento del hombre.

Para el TSXG, se produjo una “pérdida de oportunidad que viene configurada por la demora en la llegada al domicilio de la ambulancia, y la incertidumbre que se produce respecto a qué hubiese ocurrido si la ambulancia hubiese llegado antes”.

Por otra parte, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo condena al Sergas a indemnizar a una familia al considerar que no se tomaron las “medidas de previsión y cuidados necesarios” en el caso de un paciente, con problemas psiquiátricos, ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro, y que se suicidó. En este caso, fija indemnizaciones que suman un total de 89.000 euros. En la sentencia, entiende que “era obligatorio extremar las precauciones adoptando las medidas precisas para evitar la autolesión producida”.