Las valoraciones de discapacidad se atascan en Galicia, con esperas de hasta dos años y medio

Las personas con una discapacidad reconocida tienen derecho, no solo a cobrar una pensión, sino también a acceder a determinados servicios y a percibir beneficios fiscales, económicos, laborales o sociales. Pero para ello es imprescindible que los equipos de valoración de la Xunta evalúen y dictaminen su grado de discapacidad. Sin embargo, la tramitación de estos expedientes sufre “un atraso importante”, en palabras de la Consellería de Política Social. Los trabajadores sociales advierten de que hay esperas de hasta dos años y medio, lo que tiene en vilo a miles de gallegos con algún tipo de invalidez que necesitan recursos y apoyos para su día a día.

La Administración gallega culpa al Gobierno del atasco en la valoración de personas con discapacidad. Según explica, el Ejecutivo central aprobó un Real Decreto que obliga a emplear un nuevo baremo para valorar el grado de incapacidad. Con esta nueva normativa se evaluarán no solo sus problemas físicos sino también su entorno familiar, social y laboral. Pero, según la Xunta, la aplicación del Gobierno central para aplicar estos nuevos baremos “fallaba continuamente”. “Hubo que cerrar agendas para que los técnicos participaran en la formación, que organizó el Imserso, y que resultó en un cúmulo de vicisitudes y desorganización”, lamentan en una respuesta al BNG en el Parlamento de Galicia.

De hecho, explican que enviaron una carta al Gobierno quejándose de los “trastornos” que estaban ocasionando los cambios en la metodología de la formación y las fechas, ya que acudir a estos cursos obligaba a anular citas para valorar a personas con discapacidad. Es más, desde Política Social, explican que los técnicos protestaron porque consideraron “insuficiente” la formación, lo que obligó a la Xunta a complementarla desde Galicia.

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Sin embargo, desde el Colexio Oficial de Traballo Social advierten que el problema de los atrasos en la tramitación de expedientes es la “falta de medios”. “En Galicia hay mucho envejecimiento y los equipos de valoración ya estaban sufriendo una situación de sobrecarga en los últimos años que ahora ha empeorado”, explica el coordinador del colectivo, David Gontán.

De hecho, el Colexio de Traballo Social ha sondeado la situación en varios concellos gallegos y ha elaborado un informe interno sobre estas demoras. Según explican, el procedimiento para alcanzar el reconocimiento de discapacidad tiene distintas velocidades según las características personales. Para los solicitantes menores de 18 años, mayores de 90 o si se trata de una incapacidad intelectual el procedimiento es relativamente corto, con un rango de entre cuatro y seis meses. Sin embargo, las solicitudes que no están entre estos grupos tardan más.

La situación más grave está en Pontevedra y en Lugo, donde los trabajadores sociales advierten de que tienen expedientes sin resolver desde hace dos años y medio.

En A Coruña, hay personas sin citar desde diciembre de 2022 (14 meses) y, en Vigo, la demora se sitúa en año y medio. Mientras, en Santiago, Ferrol y Ourense se tarda poco más de un año en valorar a las personas con invalidez.

Desde Política Social recuerdan, en todo caso, que desde el año 2021 se crearon 18 nuevos equipos de valoración de la discapacidad, lo que supone la incorporación de 54 técnicos más —estas unidades están compuestas por un trabajador social, un médico, un terapeuta ocupacional y un psicólogo—.

El departamento que dirige Fabiola García reconoce los “atrasos” pero no desvela cuántas personas hay esperando. Hace dos años ya eran 13.000 los gallegos pendientes de ser valorados. “Y el problema es que mientras no son evaluados no reciben ayudas”, recalca Gontán.

La conselleira de Política Social delega competencias

La conselleira de Política Social, Fabiola García, delegará un total de treinta competencias que dependían directamente de ella. Estas funciones serán asumidas ahora por otros cargos de su departamento como la Secretaría Xeral Técnica, los directores xerais o los responsables de los órganos territoriales de la Consellería. Según explican desde la Xunta, es algo “habitual”. Cada conselleiro decide como organiza sus funciones. Mientras unos optan por concentrarlas en su persona otros prefieren delegar. En este caso, se hace, tal y como publica el Diario Oficial de Galicia (DOG) para agilizar la tramitación de ciertos asuntos. Entre las funciones que se delegan se incluyen las relacionadas con personal, contrataciones o gestión de determinados gastos.

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