El abogado del ganadero lalinense encarcelado con su mujer como presunto coautor del asesinato de su hija Sonia y del incendio de su casa, ocurridos el pasado 29 de octubre, ha presentado un escrito en el Juzgado número 2 de Lalín en el que pide la puesta en libertad de su cliente. El letrado, José Luis Fernández Pedreira, afirme que no existe el riesgo de que José Mouriño se fugue ni de que oculte pruebas del fuego. Tampoco, añade, de que obligue a su suegra -única superviviente del incendio, junto a su hijo, que padece una discapacidad psíquica- a variar su versión de los hechos. Junto al empresario, permanece en prisión su esposa, Carmen Reboreda: tienen vis a vis, pero nunca hablan de lo ocurrido. Cuando se refiere a su mujer, el lalinense habla de ella con su abogado diciendo que es "una santa y una mártir".

La anterior defensa del ganadero ya había pedido, en vano, su salida de la cárcel. No obstante, en esta nueva solicitud, Fernández Pedreira replica como argumento que no existen contradicciones en las dos declaraciones de Mouriño ante la Guardia Civil y la jueza instructora del caso, sino transcripciones diferentes. El ganadero sigue manteniendo su relato de que se despertó para dar una medicina a Amador Vázquez, un ex empleado que dormía en la habitación contigua y, tras oler a humo, se encontró a su esposa en la escalera, quien le dijo que no ocurría nada. Mouriño, según su versión, entró en la habitación para levantar a Sonia y, al ver que estaba muerta, volvió a preguntar a su mujer qué ocurría, y obtuvo la misma respuesta. Según este relato, el ganadero alertó al resto de la familia del fuego para que desalojase la vivienda, bajó al garaje para sacar un coche y evitar que ardiese y, por último, se tiró a la fosa de purín para evitar el suicidio de su esposa.

Los dos fueron rescatados del pozo ocho horas después. En ese momento, Carmen Reboredo realizó una declaración espontánea. La mujer se autoinculpó de la muerte de su única hija, pero el testimonio, según fuentes del caso, se tomó sin un abogado defensor, sin que se le alertase de las consecuencias penales de éstas y a mano por la propia jueza. Además, Reboredo estaba en estado de shock por todo lo sucedido. Dos días después, ya con abogado, se negó a prestar declaración. Su defensa actual, Guillermo Aller, no decidirá si solicita su libertad ni su testimonio hasta que no reciba el resultado del informe psiquiátrico.

Dicho documento, así como el que prepara la Policía Judicial para esclarecer el incendio y el asesinato, se inició bajo la declaración de secreto de las actuaciones, lo que impidió a las defensas participar en la investigación y pedir pruebas para cotejar resultados. Aunque en un futuro sí se habilitará un plazo para que los dos abogados defensores soliciten sus propias muestras, este período podría ser muy corto y dar a las defensas, sostienen, menos armas que a la acusación. Para las defensas, la declaración de secreto resultó exagerada.