La Delegación del Gobierno en Madrid aprecia "errores" en el informe del Ayuntamiento sobre la macrofiesta en la que murieron cuatro chicas, y negó que la policía diera su visto bueno a las condiciones del local. Estas precisiones las efectuó la Delegación del Gobierno para aclarar algunos de los puntos incluidos en el informe del ayuntamiento sobre el evento de la fiesta de Halloween, dado a conocer ayer.

La delegación del Gobierno precisa en un comunicado que las páginas 15 y 20 del informe mencionan "una supuesta inspección y revisión previa de instalaciones del recinto por parte de funcionarios policiales". Pero precisa que "ni la Delegación del Gobierno ni el Cuerpo Nacional de Policía tienen competencias en esta materia, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente en materia de espectáculos públicos".

En la nota, la delegación aprecia "diversos errores" en el informe del Ayuntamiento sobre la fiesta del Madrid Arena, en la que perdieron la vida las chicas en una avalancha humana, y afirma que desempeñó rigurosamente "todas las funciones y responsabilidades que son de su competencia". Agregan que los errores apreciados en el informe municipal podrían deberse "a una información inexacta facilitada al Ayuntamiento de Madrid por la empresa organizadora".

Mientras, el propietario de la empresa Diviertt y organizador del evento, Miguel Ángel Flores, contestó al Ayuntamiento a través de un SMS que en la fiesta había 9.650 personas cuando el aforo máximo que le había dado la sociedad municipal Madrid Espacios y Congresos "era de 12.000", según recoge el informe solicitado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

"Metimos 9.650 personas pero el aforo máximo que nos dais es de 12.000", escribió Flores en un SMS remitido el 1 de noviembre a las 10.45 horas al coordinador de Producción de Madrid Espacios y Congresos, Francisco del Amo. El mismo informe, ya remitido al juez que instruye la causa, precisa que el aforo total del Madrid Arena era de 10.620 personas.

Dicha investigación municipal detalla que el 24 de octubre se firma el contrato entre Madrid Espacios y Congresos y la organizadora, Diviertt, que aportó un seguro firmado con Mapfre para cubrir riesgos por importe de 600.000 euros por siniestro. Además, la sociedad municipal contaba con su propio seguro de responsabilidad civil, firmado con Chartis.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, apeló a la presunción de inocencia de Pedro Calvo, su exconcejal de Economía que dimitió tras ser imputado en el caso, y subrayó que "una imputación no debe significar un prejuicio de acusación". En una comparecencia sin preguntas, Botella elogió "el generoso gesto de asunción de responsabilidad política" de Calvo.

Además, ha indicado que ha sido ella la que ha pedido a Pedro Calvo que mantenga su acta de concejal, a pesar de dimitir del resto de sus cargos, porque la imputación, que espera que se levante "cuanto antes", "no debe significar una condena previa para nadie".

Ana Botella, que no adelantó nada del contenido del informe que encargó el mismo día 1 y que fue colgado en la web del Ayuntamiento, dijo: "No tengo miedo a la verdad, quiero llegar hasta las últimas consecuencias".