El Puerto de A Coruña amortiza 10 millones al Estado antes de tiempo a cambio de renegociar los intereses

El principal acreedor de la Autoridad Portuaria de A Coruña es Puertos del Estado, y, al mismo tiempo, el Puerto coruñés es una de las principales fuentes de ingresos de la entidad estatal, a la que ya está amortizando deuda. Todo deriva de un crédito de 200 millones de euros que Puertos concedió para financiar la construcción de los muelles exteriores de punta Langosteira, y el traslado hacia esta infraestructura de concesionarias. En 2011, según fuentes de la Autoridad Portuaria, se empezaron a pagar intereses, y desde ese año hasta 2021 el Estado percibió más de 41 millones por este motivo. Esto es, el 39% de los ingresos financieros del ente estatal, que se ha negado recurrentemente a condonar la deuda. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se limitó a señalar esta semana que el Gobierno contempla “reestructurar la deuda”. Tras ese año, el Puerto empezó a amortizar, esto es, a devolver la suma principal además de los intereses, y hasta ahora ha abonado “22,5 millones” por este concepto, según fuentes de la Autoridad Portuaria. Y en 2023 realizó una “amortización extraordinaria de 10 millones” para “evitar males mayores” por la subida de intereses.

La Autoridad Portuaria de A Coruña indica que el acuerdo del año pasado consistió en una “modificación puntual de las condiciones del crédito” para “amortiguar los efectos de la subida extraordinaria de los tipos de interés” tras la guerra de Ucrania, que estaban “encareciendo las cuotas” que paga el Puerto dado que están a interés variable. El Estado acordó fijar un interés máximo del 1,66%, entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de diciembre de 2026. Es decir, el Puerto no abonará más que esta cuota independientemente de lo que suba el Euríbor.

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Como parte del pacto, el Puerto coruñés se comprometió a pagar 10 millones de euros de principal, a mayores del plan de pagos previsto; el Plan de Empresa de 2024 del Puerto especifica que son 10,25 millones, y afirma que la operación se llevó a cabo “sin suponer ningún riesgo de incumplimiento del calendario y condiciones pactadas”.

Esta cantidad, defiende la Autoridad Portuaria, es “el equivalente a lo que se pagaría de más por la subida de los tipos de interés”. En otras palabras, el total de lo que pagará el Puerto en estos tres años “es similar” a lo que abonaría si simplemente subieran los tipos y abonase más intereses, pero en lugar de ser a cuenta de estos, “se concreta en una amortización del crédito”.

En junio de 2022, el recién designado presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, visitó A Coruña y afirmó que las nuevas perspectivas de negocio del puerto, en especial las ligadas a la energía verde, “hacen que cualquier problema de origen financiero que podamos tener disminuya ampliamente y se pueda afrontar perfectamente el endeudamiento adquirido”. Una argumentación que va en favor de negarse a la condonación del crédito, esto es, la postura que ha mantenido tradicionalmente el Estado como acreedor de la Autoridad Portuaria.

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Pero desde el Puerto señalan que la amortización de la deuda de 2023 no tiene “nada que ver conque la Autoridad Portuaria tenga capacidad suficiente para amortizar el crédito de forma anticipada”, sino que se realizó para evitar los “males mayores” de tener que abonar altos intereses sin reducir el principal.

Y el pago de este ha estado ligado al aprovechamiento urbanístico de los muelles interiores, desde el convenio firmado en 2004 por Estado, Xunta, Concello y Puerto. El acuerdo preveía que, con el traslado de la actividad al puerto exterior, quedaría espacio disponible en Batería, Calvo Sotelo, Petrolero y San Diego en el que situar pisos, hoteles y negocios y pagar los créditos. En Petrolero y San Diego todavía hay concesiones hasta 2027, pero en los dos primeros muelles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la alcaldesa, Inés Rey, acordaron este mes negociar un protocolo para determinar su futuro. 

No se conocen los detalles del futuro acuerdo, pero en la ronda anterior de negociaciones, que quedaron atascadas, se apuntaba a que el Concello comprase el 75% de los terrenos y la Xunta otro 20%. Desde Puertos supeditaron la renegociación del plan de pagos de la deuda a que hubiese aportaciones de otras administraciones, descartando una cesión gratuita de los terrenos al Ayuntamiento, como en otras ciudades. El Gobierno central sí que se ha comprometido, como parte de su pacto de investidura con el BNG, a garantizar que se mantenga la “titularidad pública” de los muelles y a colaborar con fondos a los gastos de urbanización, que se prevén millonarios.

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La Autoridad Portuaria no renuncia a ingresar fondos por la venta de los muelles: el plan de empresa de 2024 del Puerto prevé “posponer” a 2025 la venta de Batería y Calvo Sotelo y destinar “la totalidad del importe de la venta”, que sería de 26 millones de euros, a la amortización anticipada del préstamo con Puertos del Estado, si bien esta previsión se ha ido retrasando (antes la venta se fechaba en 2023). También se establece “mantener la enajenación del muelle de San Diego en 2030”, por 169 millones, si bien la Autoridad Portuaria señala que es necesaria “una reflexión sobre el futuro uso que tendrá la superficie”.

Desde el Puerto señalan que la decisión sobre el futuro de los muelles interiores “debe tener en cuenta que se garantice la sostenibilidad financiera de la Autoridad Portuaria”. Un punto en el que también incidió Puente, aunque también vio “urgente” dar una solución “basada en el valor social” a los muelles.

Unos 270 millones por pagar

De acuerdo con fuentes del Puerto, la entidad debe actualmente 267 millones de euros, de los que 177,5 se corresponden con la deuda de 200 millones de euros que contrajo con Puertos del Estado. Del crédito del Banco Europeo de Inversiones se han pagado hasta ahora 40 millones de euros, con lo que restan otros 90 millones, siempre según los cálculos facilitados por el Puerto.

En 2026 y 2027, la Autoridad Portuaria calcula que amortizará catorce millones de euros cada año. En 2028, la cifra prevista ascenderá a 17 millones.

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