El contrabandista arousano Marcial Dorado Baúlde será juzgado finalmente en mayo por blanqueo de capitales, una década después de que se abriese la causa contra él. Junto a Dorado, que está cumpliendo una condena de diez años de cárcel por narcotráfico, se sentarán en el banquillo de los acusados otras quince personas. Entre éstas se encuentran su mujer, sus tres hijos, dos abogados madrileños y varios miembros de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Las vistas serán en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares y está previsto que se prolonguen durante trece días (entre el 8 y el 29), en jornadas de mañana y tarde.
El fiscal acusa a Dorado de liderar una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, con la que presuntamente lavó unos 21 millones de euros. Para ello se habría servido de un entramado de empresas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, que se prestaban dinero entre sí, siempre según el escrito de acusación. Por ello, pide para los 16 acusados un total de 119 años de prisión y multas por importe de 330 millones de euros. Para Marcial Dorado el representante del Ministerio público reclama 15 años de cárcel y 42 millones de euros de multa.
Pero los Dorado sostienen que el isleño jamás traficó con droga, y que el fiscal no tiene ni una sola prueba convincente que demuestre lo contrario. En este sentido, argumentan que hizo su fortuna primero con el contrabando de tabaco, después como intermediario legal de las compañías tabaqueras, y finalmente con sus propias empresas. Por ello, solicitará la libre absolución. "Marcial Dorado ha reconocido en su día que se dedicó al contrabando de tabaco, y posteriormente, cuando se terminó el monopolio de Tabacalera, se convirtió en intermediario legal de una empresa tabaquera. Compró y vendió tabaco en el mercado libre y fue ahí donde hizo su dinero. Ese dinero se lo abonaron en cuentas en el extranjero", afirma el abogado Manuel Tuero, que asiste a varios miembros de los Dorado.
En cuanto a las transacciones financieras que la Fiscalía considera una prueba del blanqueo, la defensa de Marcial Dorado argumenta "que es cierto que entró dinero en España, pero pasó todos los controles del Banco de España y del Sepblac (un organismo supervisor cuya misión es evitar precisamente el blanqueo). No entró ni un solo céntimo en España que no superase esos controles", declara Manuel Tuero.
Los Dorado solicitan a la sala de la Audiencia Nacional que se practiquen una serie de pruebas y que se llame a declarar en el juicio a más de una veintena de testigos. Entre estos se encuentra un exdelegado en Europa de la multinacional tabaquera Reynolds, Michael Haenggi, conocido en España por estar vinculado en su día a la Peseta Connection, una operación que se desarrolló en la década de los 80 contra una supuesta trama de blanqueo.
Haenggi y Dorado habrían realizado en su día operaciones legales de compra y venta de tabaco, cuando se liberalizó el mercado, de ahí que la defensa del arousano considere necesario su testimonio en el juicio. La familia de Dorado también solicita la presencia en la sala de Vincenzo Liparulo, que fue gestor del dinero del arousano en Suiza. Se da la circunstancia de que en el país helvético también hubo un juicio por blanqueo relacionado con los negocios de Dorado (aunque el tribunal suizo no sentó en el banquillo al gallego) y en 2012 los jueces absolvieron a todos los procesados, incluido Liparulo.
Ahora está por ver a cuántos de estos testigos autoriza a llamar la Audiencia Nacional. En el caso de las pruebas documentales, de hecho, rechazó varias propuestas de la defensa de los Dorado, incluidos varios informes periciales realizados en Suiza que según la familia del arousano demuestran que éste se dedicó al tráfico legal de tabaco.
Marcial Dorado fue condenado a 10 años de cárcel por la venta de un barco a Roberto Leiro, un cambadés que lideraba una organización de narcotraficantes que intentó introducir en Galicia un importante alijo de cocaína en esa misma embarcación. Dorado alegó que desconocía el destino que Leiro iba a dar al buque, pero el tribunal no le creyó y le condenó por "colaborador necesario". Está interno en Topas (Salamanca).
