Félix Vidal Anido, conocido como el violador del estilete, volverá a sentarse el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo para ser juzgado por los supuestos delitos de detención ilegal y falsedad, unos hechos por los que se encuentra en prisión preventiva desde el 11 de abril y por los que el ministerio público solicita penas que suman nueve años de cárcel.

Vidal Anido, que salió de la prisión asturiana de Villabona el pasado mes de diciembre en virtud del fallo que anulaba la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, intentó agredir a una mujer a la que siguió hasta su casa, aunque no pudo consumar sus pretensiones ante la presencia de un hijo de la víctima, que salió en su socorro. Cuando abandonó la cárcel había cumplido 32 años, cuatro meses y cinco días de encierro por atacar a un total de 56 mujeres.

La Fiscalía considera que, aparte de intentar acceder por la fuerza en casa de la mujer, el acusado simuló que en el momento de los hechos estaba viajando en un autobús hacia Meira, también en Lugo. El ministerio público considera probado que Vidal, el pasado 9 de abril siguió a la víctima hasta el portal de su edificio y entró en él al mismo tiempo que ella, para después simular que subía hasta la cuarta planta, mientras la mujer se quedaba en la tercera. Cuando la mujer abrió la puerta de su domicilio, el acusado "volvió sobre sus pasos" y colocó su pie para evitar que pudiese cerrarla y la sujetó fuertemente, al tiempo que le colocaba un "objeto" en la sien para que no se moviese. Según el fiscal, la víctima "intentó gritar", pero el acusado, al mismo tiempo que la mantenía inmovilizada, le tapó la boca. Fue el hijo de la mujer, que estaba en casa en ese momento, quien "acudió en su ayuda", lo que hizo que el acusado se diese a la fuga.

Vidal intentó "simular la perforación de un billete de autobús de la empresa Arriva, que salía de la ciudad a la una y cuarto de la tarde", pero el informe pericial constató que las perforaciones "no habían sido efectuadas por las máquinas" de la empresa. El fiscal solicita 6 años de prisión por un delito de detención ilegal y 3 por otro de coacciones.