Ni vulneración de derechos fundamentales ni nulidad de escuchas telefónicas. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación presentados por dos narcos vigueses dedicados al tráfico de estupefacientes y al cobro de deudas derivadas de estas ventas, así como a un colaborador que cooperó con ellos en el asalto a un piso en la ciudad olívica para exigir dinero a su propietario, que se encontraba con su hijo de un año de edad y con la madre del pequeño.

El Alto Tribunal confirma las condenas impuestas por la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo y que suman 23 años de prisión. Los principales condenados son Luis Agustín L.S., al que se le imponen 11 años y tres meses de prisión por ser reincidente, así como Julio José G.G., penado con 8 años y tres meses de prisión. Se les considera autores de un robo con violencia e intimidación en casa habitada, delito contra la salud pública y dos delitos más de amenazas. El menor castigo, de 3 años y 6 meses de cárcel, es para Agustín I.R. a quien se considera cooperador necesario en el asalto a la vivienda. Era el único a quien las víctimas no conocían y se hizo pasar por policía para que le abrieran la puerta. Llamó al timbre, mostró una placa falsa y se quedó fuera del domicilio mientras entraban los otros dos condenados. Además de las penas de cárcel deben indemnizar a las víctimas en más de 1.400 euros.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 1 de junio de 2013. Según se declara probado en el fallo, los tres se personaron en un piso de la calle Vilagarcía de Vigo. Agustín llamó al timbre identificándose como policía. Cuando el dueño abrió, los otros dos se abalanzaron sobre la víctima, la encañonaron con una pistola y le golpearon en la cara y el cuerpo exigiéndole dinero. Tras forcejear en varias estancias del piso, se hicieron con diversos objetivos y 300 euros en efectivo. El propietario de piso resultó herido y su expareja, que estaba allí con el hijo en común de un año, sufrió una crisis de ansiedad.

Luciano Agustín y Julio José, según la sentencia, se dedicaban a la venta de drogas y a cobrar las deudas que se derivan de estas actividades. Además de diversas cantidades de estupefacientes en el registro, varios testigos relataron ante el tribunal las amenazas recibidas para que pagaran pequeñas deudas.