Casi tres años después de que el Supremo declarase firme la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra en la denominada operación Cormorán, que permitió condenar por blanqueo a casi una treintena de testaferros de José Antonio Pouso Rivas Pelopincho y que establecía el decomiso de una fortuna que llegó a estar valorada en 15 millones de euros, el Estado acaba de reconocer su intención de renunciar a parte de estos bienes incautados al narcotraficante. Existen dos razones fundamentales: las trabas para registrar las propiedades a su nombre y las elevadas cargas que pesan sobre algunos de ellos que hacen que sean más una rémora que un bien al que se le pueda sacar rentabilidad.
Así se refleja en el informe de gestión correspondiente al año 2014 del Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional Sobre Drogas. El Estado señala que "se va a proceder a declarar la imposibilidad de integración de las fincas con dificultades de inscripción registral", de acuerdo con la redacción de la nueva ley que destaca precisamente que no se incorporarán al patrimonio público aquellos bienes con dificultades para ser inscritos o los que presenten unas cargas tan elevadas que no sean rentables para el estado.
Según se detalla en el informe del fondos de bienes decomisados, aquella sentencia de la Audiencia Provincial decretaba el comiso de un total de 75 inmuebles localizados básicamente en la comunidad autónoma gallega. Las "graves dificultades" para inscribir las fincas decomisadas a Pouso Rivas en los registros de la propiedad se deben, según el Plan Nacional Sobre Drogas, a que muchos de ellos "constan inscritos a nombres de terceros o por falta de identificación exacta de las fincas a inscribir". Señala que de los 75 inmuebles incautados, un total de 43 se encuentran todavía en esta situación.
Pese a todo ello, el informe destaca que han podido ser ofrecidas en subastas un total de 17 fincas, habiéndose adjudicado tan solo 9 de ellas.
