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Caso Abierto - La Opinión de A Coruña

Nueva denuncia contra el personal de un centro alicantino por presuntos malos tratos y otro trabajador imputado

Varios empleados investigados del 'Hogar Educatea' de El Campello han presentado la baja médica | El psicólogo también ha sido imputado y la conselleria ha vuelto a inspeccionar la vivienda

La vivienda, situada en una zona diseminada en El Campello.

Siguen las acusaciones de malos tratos a personas con autismo en el "Hogar Educatea" de El Campello. Meses después de las primeras detenciones, la familia de uno de los jóvenes que residen en esta vivienda tutelada por la Generalitat Valenciana ha interpuesto una nueva denuncia por presuntas agresiones hacia él. Además, fuentes cercanas a la investigación, aseguran que el psicólogo del centro también ha sido imputado, por lo que actualmente la residencia funciona sin apoyo psicológico a los internos.

Según ha podido saber Diario Información, la pasada semana, la madre de uno de los jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que residen en la vivienda que la Conselleria de Políticas Inclusivas tutela en El Campello, acudió al cuartel de la localidad alicantina. Allí presentó una denuncia contra uno de los cuidadores del centro gestionado por Educatea por presuntas agresiones y malos tratos hacia su hijo.

Una situación, la del Hogar Educatea, que no ha dejado de agravarse desde que el pasado 18 de noviembre la Guardia Civil irrumpiera en el inmueble deteniendo a varias personas, entre ellas el presidente de la entidad gestora, el coordinador de empleados y otro educador. Tras las detenciones, varios de los trabajadores también presentaron la baja médica, por lo que no se encuentran actualmente en la vivienda, incluido el responsable de personal sobre el que pesa una orden de alejamiento. Sin embargo, según las mismas fuentes, la dirección de la residencia continúa bajo el mando de uno de los imputados en la investigación de Fiscalía, a pesar de no estar facultado para ello. Además, este trabajador contra el que se ha interpuesto la reciente denuncia, también habría presentado la baja tras enterarse de la situación.

Irregularidades sin corregir

Fuentes cercanas a la Conselleria de Políticas Inclusivas confirmaron que esta misma semana se ha producido una nueva inspección en el centro, de la que aún no se ha emitido el correspondiente informe de conclusiones. Sin embargo, todavía siguen sin resolverse gran parte de las casi veinte irregularidades que otras dos inspecciones -la primera, en 2019- constataron en la vivienda. Entre ellas, además de agresiones físicas denunciadas por los propios trabajadores del centro, destaca el cambio de ubicación de la vivienda debido a que "se encuentra en un paraje que favorece el aislamiento y dificulta la integración social de los usuarios" que no se ha producido a pesar de que se estableció un plazo de tres meses para ello, así como la recomendación de que el servicio sea gestionado por "una entidad que garantice la transparencia y la democracia que requiere el acuerdo de acción concertada".

La conselleria afirmó en noviembre de 2021 que "la persecución de delitos compete a la Justicia" así como que "la inspección tiene una función sancionadora únicamente en el ámbito administrativo" sin embargo, la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana recoge que "en los casos de urgencia" y "para la protección provisional de los intereses implicados" será posible "adoptar medidas provisionales" tales como el "cierre temporal, total o parcial, del servicio" o la "suspensión temporal de la posibilidad de acceder a financiación pública". A pesar de los incumplimientos del concierto constatados, el área que dirige Mónica Oltra no ha emitido ninguna sanción administrativa ni ha emprendido acción alguna contra la entidad gestora de la vivienda. De hecho, el pasado mes de diciembre, la Generalitat prorrogó el concierto durante seis meses más a Educatea, por los que la asociación percibirá 162.000€. Este diario trató de ponerse en contacto con responsables de Políticas Inclusivas para conocer los criterios técnicos que motivaron la renovación, pero rechazaron hacer declaraciones al respecto, aunque aseguraron que "se está siguiendo escrupulosamente lo que se está marcando desde instancias judiciales".

Por su parte, las familias de los residentes prefieren guardar silencio para no intervenir en la investigación de Fiscalía y evitar posibles represalias contra sus hijos.

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