Derecho ciudadano a ejercer presión sobre los representantes políticos en las instituciones o acoso. Entre estos dos extremos se mueve el escrache, o señalamiento, una técnica de protesta social que nació en Argentina a principios de los años 90 para señalar de forma pública a genocidas que habían quedado sin castigo. "Si no hay justicia, hay escrache", rezaba el lema de los hijos de desaparecidos. Ahora, en España es la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la que ha decidido "señalar" de manera directa a los políticos que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular para lograr la dación en pago, de forma que la entrega de la vivienda sirva para cancelar la hipoteca. Préstamos que, por impagos, acaban conduciendo a un desahucio.
Los escraches más recientes se produjeron el pasado miércoles en Madrid, frente a la vivienda del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y en Valencia, en el domicilio de Esteban González-Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP. El fin de semana anterior, en Asturias, el objetivo había sido la diputada popular Carmen Rodríguez Maniega. En total, según fuentes del partido, son ocho los diputados "acosados". Los populares afirman no estar dispuestos a tolerar "amenazas", y aseveran que, aunque mantendrán la calma de verse en esta situación, denunciarán los hechos. Lo hicieron ya González-Pons y también la asturiana Carmen Rodríguez Maniega.
La diputada asturiana confirmó ayer la denuncia por un supuesto acoso. Según Maniega, los miembros de esta plataforma buscan "coaccionar el libre ejercicio democrático de los representantes políticos", a través de insultos como "asesina, sinvergüenza o criminal social". Los representantes de la Plataforma de Afectados niegan haber acosado o insultado a la parlamentaria, y afirman estar "impresionados" por la magnitud de las palabras de Maniega. La denuncia, dicen, "no se corresponde con la realidad". "Es vergonzoso que diga que se la persiguió, solo la acompañamos, y en ningún momento ha sido coaccionada, acosada, insultada o amenazada", afirma Miguel Ángel García, cara visible de la plataforma en Asturias.
El escrache es, según los miembros de la plataforma, la única forma que han encontrado de hacerse escuchar. "Lo que queremos es que hablen con los afectados. Si no aceptan nuestras invitaciones, tendremos que ir a su encuentro".
En pleno debate por los escraches, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, elevó ayer la tensión al vincular, en una entrevista radiofónica, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con "grupos filoetarras" que llevan a cabo una estrategia "bastante radical". Después Cifuentes pidió a la PAH que aclare por qué apoyó una manifestación a favor de los presos de ETA. "La comunión de ideas entre la plataforma antidesahucios y Bildu no es algo nada positivo", añadió. También ayer la diputada y cofundadora de UPyD Rosa Díez consideró "absolutamente vil y cobarde" la campaña de escraches de la PAH. Hace años en Euskadi, para no hablar de terrorismo callejero, se utilizaba la expresión kale borroka, apostilló.
Ada Colau, portavoz de PAH, estudia denunciar a Cifuentes por estas "gravísimas y al mismo tiempo ridículas" acusaciones. "Llegan en un momento en que el movimiento tiene más apoyo que nunca, según las encuestas hasta los propios votantes del PP están con nosotros", ha dicho la portavoz de la PAH. "Además -recordó- está la tramitación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el PP tiene que legislar para modificar un procedimiento ilegal que se tiene que cambiar". "Son acusaciones inverosímiles para desviar el tema, una cortina de humo para evitar cambiar esa ley abusiva", ha señalado la portavoz de la PAH, que esgrime los miles de correos electrónicos de apoyo.
En Galicia se produjeron meses atrás acciones similares a cargo de afectados por las preferentes, que llevaron sus protestas en A Coruña a los domicilios de José María Castellano, presidente de Novagalicia y José Luis Méndez, expresidente de Caixa Galicia y en Vigo, al de José Luis Pego, ex director general de Caixanova. El exalcalde coruñés, Javier Losada, también sufrió una protesta de este tipo a mitad de su última legislatura, cuando vecinos afectados por las molestias del botellón rodearon el portal de su casa con velas.
