Otro riesgo para la Justicia

15.05.2017 | 00:55

Son cosas que se sabían desde siempre en los círculos mejor informados o más atentos. Me refiero a los intentos y logros, por parte de las tramas corruptas de los partidos, para interferir en la Administración de la Justicia con el objetivo de moverla a su favor. Se sabía y no es nada nuevo. Todas las mafias han tratado de corromper a los jueces. Lo que ahora sucede es que la opinión pública está conociendo minuciosamente intentos concretos muy notables con nombres y apellidos de corruptores, corruptos, cómplices o cooperadores necesarios desde la política, desde el poder y desde el Gobierno. La sombra de la sospecha sobre la Justicia se extiende entre la ciudadanía y, de confirmarse su carácter estructural algún día, sería un golpe mortal para la democracia misma. A pesar de la sospecha creciente, todavía se quiere confiar en que la mayoría de los jueces son dignos, independientes y no están corrompidos ni contaminados o determinados desde los otros poderes o desde las mismas tramas corruptas, pero también se sabe que los fiscales, los órganos de gobierno de los jueces y gran parte de las cúpulas profesionales o corporativas dependen demasiado de los gobiernos, de los partidos hasta ahora mayoritarios y, por tanto, de los círculos del poder y de sus intereses, muchas veces ilegítimos e ilegales. La gran movida de los fiscales, a la que las gentes menos informadas hemos asistido perplejas, es todo un síntoma, si no un síndrome, que nos ha turbado y perturbado.

Y precisamente ahora, a principios de mes, comienza a funcionar la llamada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que fue creada por Aznar allá por el 2003 pero que quedó en stand by, seguramente por el peligro que entraña. Compondrán la sala tres magistrados que podrán revisar todos los procesos y sentencias de la Audiencia Nacional, es decir, revisará todos los procesos de corrupción ahora en curso, dejando muy poquito espacio para el Supremo. Todo va a depender de quiénes sean esos tres jueces y de los baremos y condiciones que se apliquen para nombrarlos. Demasiado riesgo para la Justicia y para los derechos legítimos de la ciudadanía. No sé si cabe la alarma ya, pero es seguro que hay que estar alerta.

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