VIVIANA BURÓN | CABANAS
Perseguidos y discriminados, como en una caza de brujas. Así es como dicen sentirse los propietarios de los chiringuitos de la playa de A Magdalena, en Cabanas, que la Demarcación de Costas derribará en los próximos meses.
Para los dueños de estas instalaciones el arenal cabanés es uno de los ejemplos más claros donde la "arbitrariedad" en la aplicación de la ley de costas se emplea "con rigor" y ejerciendo "la máxima presión" sobre los propietarios para que, según aseguran, abandonen y dejen sus negocios a merced de las administraciones.
Los afectados por la futura demolición se sienten discriminados y no comprenden que, en un lugar en el que el abandono por parte del Concello y la Demarcación de Costas ha sido "constante", en la actualidad se lleven a cabo numerosas actuaciones cuando, según manifiestan, durante años los únicos servicios que existían eran "los ofrecidos por los chiringuitos".
Explican que, a lo largo de este año y "cumpliendo con su obligación", acudieron inspectores de sanidad y trabajo a comprobar el estado de sus instalaciones "como no lo habían hecho jamás". Destacan que los responsables sanitarios les exigieron unas reformas que, dice, "no están amparadas por la ley de costas" y que, en todo caso, suponen una inversión inasumible para estos negocios "condenados a muerte por ambas administraciones".
Como en la caza de brujas que se produjo en los años 40 en Hollywood contra personas del mundo cinematográfico sospechosas de estar vinculadas al comunismo, los propietarios hablan de "pérdida de derechos y justicia". Para los afectados la existencia de un doble rasero es más que evidente. Recuerdan que hasta hace poco tiempo los paseos marítimos de cemento, puertos deportivos y otras construcciones fueron "la meca" de las inversiones, pese a las advertencias de catedráticos y ecologistas.
Los propietarios concretan y hablan de la caseta de socorrismo que se inauguró recientemente en el arenal cabanés, que está construida sobre una base y una columna de hormigón armado. Denuncian, además, que esta edificación carece de los informes técnicos municipales.
"Esto demuestra que ambas administraciones ejecutan obras al margen del rigor de las normas que sí aplican con virulencia a los propietarios de los chiringuitos, a los que pretenden maniatar y amordazar", sentencian.
