El Tribunal Supremo dio un tirón de orejas al Ayuntamiento en una sentencia en la que le advirtió de que los órganos judiciales tienen la máxima competencia a la hora de determinar si la Administración local puede legalizar las construcciones sobre las que pesa una orden de derribo. Ayer, el Concello evitó responder sobre la noticia publicada por este periódico.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción analizó el recurso presentado desde María Pita en el que se pedía que el Ayuntamiento tuviese máxima libertad a la hora de legalizar construcciones con órdenes de demolición. Para el Gobierno local, la concesión de licencias y la legalización son de su competencia. El Supremo dejó bien claro que esta propuesta no es válida y que los magistrados siempre tienen la última palabra. Con esta sentencia sobre la que el Concello declinó hablar, el alto tribunal pone en entredicho una práctica que se ha llevado a cabo desde María Pita en algunos proyectos que presentaban irregularidades y que luego legalizó con una segunda licencia, como los depósitos de CLH en Bens.
