Portavoces de las tres principales cooperativas del Parque Ofimático, que representan a casi 300 familias, acordaron ayer solicitar una entrevista con representantes del Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta y el Ministerio de Fomento, para lograr que las tres administraciones lleguen a un acuerdo rápido que permita iniciar las obras de urbanización en el sector y que evite una nueva reparcelación.
Los cooperativistas confían en que mediante el diálogo se podrá conseguir que las tres administraciones públicas implicadas en el desarrollo del Parque Ofimático encuentren una solución ante el problema creado tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan parcial de este sector porque el Concello no reconoció el derecho a aprovechamiento urbanístico de Renfe (ahora denominada Adif).
La resolución judicial no ordena una nueva reparcelación pero ésta es inevitable porque el Alto Tribunal establece que hay que incluir a Adif en el reparto lo que obliga a recalcular los aprovechamientos. El organismo ferroviario tiene 11.090 metros cuadrados de terreno en este ámbito por lo que tendría derecho a un aprovechamiento equivalente a 89 pisos.
El problema afecta a un gran número de propietarios pues en esta zona entre Matogrande y Eirís se construirán hasta un máximo de 2.432 viviendas de las que aproximadamente la mitad son de protección autonómica.
Responsables de las cooperativas subrayan que su único objetivo es que "las máquinas entren a trabajar cuanto antes en el ofimático" y por esa razón quieren que se negocie una solución que no pase por una nueva reparcelación porque retrasaría la gestión de esta urbanización.
Los cooperativistas señalan que los tres implicados que deben solucionar el problema son administraciones públicas por lo que "no tendría que haber dificultades a la hora de llegar a un acuerdo" a pesar de los "eventuales condicionantes técnicos y jurídicos".
Estos afectados recuerdan que las casi 300 familias integradas en estas cooperativas han aportado ya una media de 30.000 euros por el pago a Xestur de las parcelas en las que se construirán las viviendas protegidas y exigen que este dinero "se invierta cuanto antes en la urbanización del terreno" para que estos propietarios accedan a sus futuros hogares "lo antes posible".
El primer anuncio de la construcción de este sector se efectuó hace casi veinte años, el plan parcial costó seis años de tramitación y tres modificaciones, y por esta razón el mayor temor de las familias es que tengan que esperar más años aún hasta poder acceder a sus viviendas.
Una de las propuestas que posiblemente se planteen es la inejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Los afectados, como parte interesada, tienen derecho a solicitar al Alto Tribunal que no se ejecute. También lo puede hacer el Ayuntamiento aunque la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, manifestó que el Concello no hará nada, se quedará a la espera hasta saber si Adif pide que se ejecute dicha resolución judicial.
El Ayuntamiento, según la legislación, tiene un plazo de dos meses para ejecutar esta sentencia, y si no lo hace Adif puede demandar su ejecución forzosa. Responsables del organismo ferroviario manifestaron ayer que sus servicios jurídicos estudian en estos momentos el contenido del fallo del Supremo por lo que aún no han tomado una decisión.
Toda sentencia debe ser ejecutada en sus propios términos, es uno de los principios fundamentales del derecho a la tutela judicial efectiva. Si el Supremo anula el plan parcial y obliga a recalcular el aprovechamiento para otorgarle una parte a Adif, esto es lo que hay que hacer y obliga a efectuar un nuevo expediente de reparcelación.
Alternativas
El Concello de A Coruña también puede solicitar al Alto Tribunal la inejecución de la resolución judicial por imposibilidad material de cumplirla y Adif puede no oponerse pero en cualquier caso, si hay una negociación o se intenta un acuerdo para evitar cumplir el fallo judicial, son los tribunales los que tienen la última palabra y dicen si aceptan o no soluciones que eviten lo que han resuelto en sentencia.
El Ejecutivo local, en otros casos en los que el Supremo ha fallado también en su contra como con el edificio Conde de Fenosa, legalizó la situación modificando el plan general urbano. Si el Ejecutivo municipal coruñés optase por una solución similar en el caso del Parque Ofimático surgiría un problema: la intensidad del sector es de 1,1 metro cuadrado por metro cuadrado pero ahora la ley del suelo limita la intensidad en estos ámbitos a 1 metro cuadrado por metro cuadrado, es decir, menos edificabilidad, lo que obligaría además a recalcular los datos de la memoria del plan general.
"La urbanización va a quedar preciosa, está muy bien diseñada, es urbanismo inteligente, con zonas verdes, pisos de buena calidad, pocas alturas y a un buen precio, es un lujo", explica un cooperativista respecto a los pisos protegidos que se ejecutarán en el Parque Ofimático. Los afectados desconocen siquiera una fecha aproximada de entrega de las llaves de las viviendas pero señalan que las obras de urbanización están presupuestadas para este año. "Ahora todo va a depender de la voluntad de Renfe", añade un cooperativista. Arturo Franco, López Mihura y Romero Teijo, Naos o Rodríguez y Rivoira son algunos de los arquitectos que diseñarán el Parque Ofimático.
